Personal de la Policía Nacional estaba encargado de custodiar la zona de las canteras que fue declarada en emergencia. Foto: Alfredo Lagla / EL COMERCIO
Las actividades mineras en una zona de San Antonio de Pichincha, en el noroccidente, quedaron suspendidas de manera definitiva.
La Secretaría de Gestión de Riesgos emitió el lunes en la tarde una resolución sobre la paralización de todas las actividades de uso de suelo en un polígono de 901,28 hectáreas, en el cerro Catequilla.
El área afectada comprende desde la localidad de El Pacpo, en el sur, hasta Rumicucho, en el norte. La medida incluye también la suspensión de los proyectos de expansión del límite urbano.
En un comunicado, que emitió la entidad, se informó que luego de las inspecciones realizadas por los técnicos se identificó que en esta zona hay un riesgo alto de movimientos en masa. Está ubicada en el sitio de mayor intensidad de deformación del terreno.
La vulnerabilidad del sector quedó en evidencia, el 12 de agosto pasado, luego de que un sismo de 5,1 grados en la escala de Richter produjera deslizamientos de tierra.
Dos obreros que trabajaban en la ampliación de la avenida Simón Bolívar murieron en este sitio. A raíz de esto se declaró en emergencia cinco parroquias: San Antonio, Calacalí, Pomasqui, Puéllaro y Calderón. Esta medida, a diferencia de la resolución de la Secretaría de Riesgos, fue temporal. Ante este panorama Rodrigo Buitrón, miembro de la Junta Parroquial de Pomasqui, comentó que el cierre definitivo de las canteras en la zona vecina de San Antonio sería nefasto.
Según el dirigente, se debería permitir el funcionamiento de aquellas canteras que reúnen todas las condiciones técnicas. “El cierre debe ser gradual. Sin esta actividad será un pueblo fantasma”.
Para las personas que se dedicaban a la extracción de material pétreo, la Secretaría de Riesgos planteó una alternativa.
Las concesiones mineras que se hallaban en esta zona se deberán acoger a fuentes alternativas de producción y posibles zonas de reubicación para la extracción de material pétreo. Esto será una competencia exclusiva de dos entidades: el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro) y la Agencia de Regulación y Control Minera (Arcom).
Aparte de esta zona, en las inspecciones que realizó la Secretaría de Gestión de Riesgos se identificó una segunda área donde se registraron deslizamientos.
Son áreas deformadas donde se ha explotado áridos sin ningún trabajo de cierre canteras. Este polígono es más amplio que el anterior: son 4 375,7 hectáreas. Ahí incluye la vía Perucho, en el norte; Ciudad Bicentenario, en el sur. Además, la ciudadela 28 de Junio, barrio 15 de Julio y Unión Nacional.
Esta área deberá ser evaluada “detenidamente” por el Municipio de Quito en los sitios que se ha presentado situaciones de riesgo.
El objetivo es que se tomen acciones para garantizar la seguridad ciudadana. Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio de Quito, mencionó que cuando les llegue la notificación del documento emitido por la Secretaría de Riesgos se determinará las acciones que tomará el Cabildo para aplicar estas disposiciones.