La sanción es de 20 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos por un año. La causa fue no transparentar las cuentas de la campaña electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó el 27 de julio que la sanción recae sobre 134 responsables del manejo económico. Unos 60 movimientos y partidos políticos incurrieron en la infracción, aunque no se publicó una lista detallada.
Después de las seccionales de febrero, se debían presentar 7 520 informes de gastos a la autoridad electoral. El plazo legal es de 90 días, a partir de las votaciones, pero 1 700 documentos no llegaron.
Según el artículo 232 del Código de la Democracia, es obligación de los tesoreros de campaña presentar documentación sobre el monto de los aportes recibidos, su naturaleza, origen, la lista de contribuyentes, el destino del dinero y el total de las sumas gastadas en el proceso electoral, junto con los comprobantes de ingresos y de egresos.
Estos informes permiten a la autoridad electoral determinar si hubo exceso en los gastos de campaña y así poder sancionar a los infractores.
Los responsables del manejo económico son solidariamente responsables por los fondos utilizados y las implicaciones civiles y penales que puedan derivar de su origen y mal uso.
Especialmente porque los partidos y movimientos reciben fondos públicos, fuera de los aportes de sus afiliados y las donaciones voluntarias.
El CNE notificó a los involucrados y otorgó un plazo de 15 días para que las organizaciones políticas entreguen la información faltante. En caso de que las agrupaciones definitivamente no transparenten sus cuentas podrían ser suspendidas del registro por un período electoral.