Un grupo de beneficiarios del Seguro Social Campesino se movilizó ayer en Quito para protestar por el supuesto cierre de dispensarios. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.
La polémica deuda que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por atenciones médicas lleva siete años de discusión.
En ese lapso se han firmado convenios, formado comisiones e incluso intervino la Contraloría, pero sin resultados.
El exdirector del IESS, Marco Morales, explica que en 1989 el Estado obligó al Seguro, vía reforma legal, a dar atención de salud, sin costo, al jubilado y, a cambio, se comprometió a financiarla, una obligación establecida en el Art. 10, literal D, de la Ley de Seguridad Social.
Aunque el ente reclama el pago de estos valores desde el 2002, el tema recién entró en discusión en el 2008, cuando en mayo de ese año, el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, firmó un convenio con el IESS.
Primera vez, dijo, el Gobierno “reconoce y se compromete a pagar los valores que adeuda el Estado por atenciones médicas a jubilados” hasta ese año.
En 2010, el extitular de Finanzas, Patricio Rivera, firmó otro convenio donde acordó a pagar estos valores pendientes de los años 2008 y 2009.
Finalmente, en el 2012 el mismo funcionario firmó otro convenio donde acordó conformar una comisión interinstitucional para determinar los valores que deba liquidar el Estado.
Ante una consulta de este Diario en marzo de ese año, Finanzas confirmó que se constituyó la comisión.
Pese a ello, el pago nunca se cumplió por falta de acuerdo entre las partes para determinar el monto, “ocasionando que el IESS no recupere valores que le permitan mejorar la inversión en salud”, anota un examen especial de la Contraloría a la deuda del Gobierno con el IESS, de febrero pasado.
Hoy este pago es criticado por el Gobierno. Para el presidente Rafael Correa, cumplir esta obligación exigía un reglamento, “que nunca existió… La obligación de pago no existe”.
El vocal del Ejecutivo y titular del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, puso en duda el pago de alrededor de unos USD 1 700 millones, y dijo que en próximos días se publicará una carta oficial donde se explicará si existe o no deuda.
El jurista Marco Proaño Maya señala que la falta de reglamento para el pago de la deuda con salud no debe ser un pretexto para cuestionar su pago. “Por qué el Ejecutivo, que es quien tiene esta facultad reglamentaria, no lo emitió y pagó”.
Consideró que desde el 2010 se incorporaron beneficiarios al IESS, entre ellos niños y jóvenes, de manera gratuita. Y sin estudios técnicos se hizo que crezcan las necesidades de la entidad. Según la ejecución presupuestaria disponible en la web del IESS, el 2014 los ingresos del ente por salud sumaron USD 1 447 millones, pero los gastos fueron de 1 856 millones.
El 26 de marzo del 2015, un grupo de miembros del Seguro Social Campesino se movilizó a las oficinas centrales del IESS, en Quito, en rechazo a estos temas y en contra de una supuesta intención de cerrar dispensarios. Sobre lo último, Espinosa dijo que se busca más bien reorganizarlos y fortalecerlos para mejorar la atención en articulación con el Ministerio de Salud.
El expresidente del Consejo del IESS, Hugo Villacrés, dijo que cuando estaba en funciones el seguro de salud se podía financiar con el presupuesto existente y que muestra de ello eran los avances que se han dado en el área. Al momento, el IESS cuenta con 96 unidades médicas a escala nacional; ocho más que en 2006, según el informe de rendición de cuentas 2014 del IESS. Y la proyección es que en el 2017 haya 110.
Actualmente tiene 12 948 profesionales de la salud, pero aún se necesitan especialistas en áreas como radiología, pediatría, neurología, traumatología. En el 2014 se registró un total de 8,45 millones de atenciones.
Pero el IESS ha tenido que enfrentar problemas en salud como las denuncias por escasez de medicinas, casos de corrupción y fallas en infraestructura. Un caso emblemático fue el del hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil. Actualmente está intervenido y se mejoran los sistemas hidrosanitario y eléctrico, con un presupuesto de USD 5,8 millones.
El Teodoro Maldonado, que atiende al día a unos 5 000 afiliados, no tenía un fondo rotativo, un recurso que incluso lo tienen las escuelas públicas para realizar arreglos de emergencia. La falta de medicinas fue otra de las quejas que encendió alertas, tras la visita que hizo el presidente Correa a esa casa de salud.