Los adolescentes que estudian en Ecuador se encuentran bajo sospecha. La Policía recibió la orden de incursionar en las aulas, con agentes que buscan drogas e incluyen dos destinos: las mochilas y los bolsillos de los estudiantes. Es la llamada ‘Revolución Preventiva’, que se expandirá por 2 800 colegios.
¿Así se previene el consumo de drogas? Sí, si lo que se busca es el arcaísmo de convertir al aula en panóptico, al estilo del Vigilar y castigar de Foucault. Porque la arquitectura de encierro (colegio) es útil para el castigo colectivo así como para la exposición (con cámaras de TV). Emula la institución de la disciplina del poder para ejercer castigo no solo sobre el culpable, sino también sobre quien pretenda convertirse en tal.
Pero ya no es el siglo XIX. Y el actual Ecuador es garantista. Al menos en teoría, el Estado tiene la obligación de atender al principio de interés superior de los niños y adolescentes, cuyos “derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” (artículo 44 de la Constitución).
El rastreo de drogas en el aula, ese escarnio público frente a compañeros y profesores, transgrede derechos. ¿Cuáles? Además de la presunción de inocencia, el derecho que tienen los menores a la dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen (art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia).
La privacidad: “Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida” (artículo 53). ¿Hurgar mochilas es la forma de respetar?
Y aún en casos de sospecha, los menores tienen derecho a la reserva de su información procesal (artículo 54).
El consumo de drogas es un problema serio en Ecuador, como para enfrentarlo con criterio punitivo. Hay consumidores fuera del colegio.
Sí, padres apoyan las requisas. No sorprende; Ecuador votó por endurecer las penas; castigar es popular. Pero policializar un asunto de salud pública solo devela el ‘avance’ de la política de drogas.