En dos sesiones, el Pleno de la Asamblea aprobó la Ley de Telecomunicaciones, esta semana. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.
Paúl Zamora M. Redactor
“Diciembre es un mes festivo, pero también productivo” esta frase del oficialista Fausto Cayambe engloba lo que piensan los legisladores del bloque de Alianza País, quienes no descansarán este mes y extenderán sus actividades hasta el 30 de diciembre.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó que existen dos períodos de vacancia por año, que juntos suman 30 días como lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público.
En este caso, febrero y agosto fueron los meses seleccionados para la vacancia. Y si bien en este 2014 los asambleístas ya completaron sus vacaciones, aún existe un saldo de 15 días que arrastran desde el 2013, y que quedará pendiente.Así, las dos últimas semanas del año serán aprovechadas por los legisladores para aprobar el mayor número de leyes posibles y así terminar con un balance positivo este 2014. Sin embargo, las cifras y los tiempos no les sonríen y terminarán el año con un déficit en la aprobación de las normas.
De las 23 leyes que prometió el bloque, hasta el momento, se han aprobado ocho; otras seis están pendientes para el segundo debate, tres para el primer debate y seis aún no tienen un informe.
En este escenario, en los 11 días que restan para finalizar el año los legisladores pondrán el pie en el acelerador, con dos convocatorias de pleno por semana. Esto en comparación con otras cuando en la actividad legislativa no se registraban sesiones del Pleno.
Esta semana, por ejemplo, se realizó el primer debate de la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal, se aprobó la Ley de Telecomunicaciones, pero no se realizó el primer debate de la Ley de Tierras que quedará para la siguiente semana.
“Los obreros no descansan, ¿por qué nosotros tenemos que descansar si nos pagan por los 30 días?”. Es la reflexión que hace Cayambe para justificar la carga laboral que tendrán este mes. “Queremos cumplir la agenda legislativa y vamos a trabajar hasta el último día laborable para conseguirlo”.
Desde la oposición se mira con recelo este ritmo acelerado de trabajo con el que el bloque oficialista pretende aprobar las normas. Existe el temor de que por esta premura se aprueben textos con fallas de fondo y forma. El opositor Patricio Donoso, de Creo, quien ha asistido a todas las sesiones del Pleno, dice que el problema no es trabajar en estas fechas festivas, sino que hay una “habilidad” para calcular los tiempos y aprobar leyes.
“Se ha perdido la calidad del debate para cumplir los tiempos de Carondelet y deberían ser más autónomos”. También, critica que el Gobierno envió tres proyectos de ley económica urgente y un paquete de enmiendas, que modificaron el calendario legislativo.
Uno de esos proyectos económicos urgentes que por ahora preocupan al oficialismo es la Ley Orgánica de Incentivos pues esta deberá estar publicada en el Registro Oficial hasta el 1 de enero, para que entre en vigencia.
Sin embargo, el miembro del CAL, Virgilio Hernández, dice que los tres proyectos económicos urgentes no alteraron el calendario global de la Asamblea. El motivo es que existen 13 comisiones y cada una maneja su propia agenda.
Entonces ¿por qué la Asamblea no alcanzó a aprobar las leyes prometidas al inicio de año? El oficialismo asegura que la realidad fue más compleja que el discurso por lo cual se complican los debates con los actores, los intereses en juego y la falta de acuerdos internos, figuran entre los factores.
“No creo que podamos aprobar todas las leyes pendientes, no estamos en esa posibilidad”, reconoció Hernández y dijo que trabajarán estos últimos días, con responsabilidad pero al mismo tiempo “sin aceleramientos” ni tampoco discutiendo de forma irresponsable.
Otra de las aristas que se podría desprender de este incumplimiento de los objetivos normativos propuestos a inicios de año es una glosa de la Contraloría a los legisladores.
Según Alianza País, si esto sucede, el órgano de control estaría sobre limitándose en sus atribuciones y estaría condicionando a una función del Estado, que tiene sus propias atribuciones.
“Los objetivos de una institución no pueden ser medidos solo de forma cuantitativa sino hay que ver el alcance, la repercusión social y la necesidad de profundizar el debate”, aseguró Hernández.