El fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga informó que 96 personas fueron sentenciadas en el país por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Foto: Cecilia Puebla / EFE
Sesenta personas han sido declaradas culpables cuatro años después de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 en Ecuador, cuando se inició una revuelta policial por temas salariales que el Ejecutivo considera que fue un intento de golpe de Estado.
Según dijo hoy, 23 de septiembre, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, en los procesos que se adelantan por los hechos de septiembre de 2010 se han emitido 21 sentencias.
“Tenemos procesados en el caso 30S a 96 personas con sentencia, de los cuales 60 fueron declaradas culpables“, mientras que a 36 les fue “ratificada su inocencia de un total de 520 personas procesadas”, dijo Chiriboga en una rueda de prensa.
El fiscal indicó que en el proceso se acudió a la asistencia penal internacional de países como Colombia y Perú y se solicitaron peritajes extranjeros para investigar aspectos relativos a identificación morfológica de personas, fonética forense, análisis balístico, análisis de secuencia de imágenes, descripción de acciones y transcripción de diálogos, entre otros.
El 30 de septiembre de 2010 una protesta de policías por asuntos salariales derivó en un alzamiento de proporciones en el que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue agredido y tuvo que refugiarse en un hospital policial.
Correa considera que en esa jornada, en la que fallecieron unas diez personas en distintas partes del país, hubo un intento de golpe de Estado instigado por grupos de oposición y “malos oficiales” de la Policía.
Chiriboga dijo que el proceso de investigación es “complejo” y como ejemplo señaló que para descubrir quién mató a un estudiante durante la revuelta debieron revisar alrededor de 150 armas de dotación policial para identificar de cuál salió la bala.
El fiscal recordó que el pasado 1 de agosto, seis policías fueron sentenciados a 12 años de reclusión mayor por tentativa de magnicidio.
El Código Penal ecuatoriano señala que la tentativa de asesinato contra el Presidente de la República o quien ejerza la Función Ejecutiva será reprimida con reclusión mayor de 8 a 12 años, aunque no llegue a inferirse daño alguno.
El fiscal recalcó que desde el 2011 indagan el posible caso de un intento de golpe de Estado. “Aspiro que en el primer semestre del próximo año (2015) haber podido concluir el caso de intento de golpe de Estado, es decir cerrar ya la indagación y llevar a conocimiento de los jueces los elementos de convicción que podamos tener”, dijo.
Preguntado por la posibilidad de que algún Gobierno o ciudadano extranjero hubiera estado implicado en los hechos, Chiriboga apuntó que, al momento, no tienen “evidencia” que lo pruebe. “No tenemos evidencias, hasta este momento, de ciudadanos extranjeros vinculados a estos hechos”, agregó.
Chiriboga explicó que se tramitan 53 casos en todo el país por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, de los cuales 34 están en indagación previa, dos en instrucción fiscal, ocho en etapa intermedia, dos en etapa de juicio, tres en nulidad y apelación y cuatro en casación.
Hasta el momento, se han dictado 21 sentencias relacionadas con delitos de atentado contra la seguridad interior del Estado y por tentativa de magnicidio, homicidio simple, incitación a la rebelión, sabotaje, destrucción de bienes públicos, terrorismo, obstaculización de vías y sedición.
Además, rebelión, promoción de manifestaciones públicas no autorizadas, invasión de edificios públicos y suspensión de servicios públicos