Los comandantes generales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Ecuador votan juntos en la consulta popular del presidente Daniel Noboa este 21 de abril de 2024. La consulta popular y referendo pretenden impulsar reformas constitucionales y legislativas para luchar contra el narcotráfico y la corrupción, así como para atraer inversiones y crear empleo.
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Pese a que en Ecuador el voto es opcional para los policías y los militares, los máximos jefes de la Policía, César Zapata, y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, acudieron juntos a votar por la consulta popular. Una parte de las 11 preguntas tiene que ver con las fuerzas estatales.
La principal es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas apoyen de manera permanente a la Policía en sus operaciones contra las bandas del crimen organizado.
Accesos a las prisiones
Los ecuatorianos votan en esta jornada si designan a las Fuerzas Armadas para controlar los accesos a las prisiones, epicentro de la crisis de violencia que vive el país. Muchas de ellas están dominadas por las bandas criminales. Para enfrentar ese problema, Noboa militarizó las cárceles y requisó grandes cantidades de armas y explosivos que los presos guardaban en sus celdas.
Otra cuestión de la consulta popular relacionada con las fuerzas estatales es la creación de un delito específico de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y Fuerzas Armadas.
También se puso a elección de los ecuatorianos si el armamento incautado a la delincuencia se destina a equipar a los agentes policiales y militares.
En la misma papeleta hay preguntas para elevar las penas de los delitos relacionados con el crimen organizado y para eliminar los beneficios penitenciarios a quienes sean sentenciados por esos delitos.
También para permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países y para facilitar el trámite de expropiación de bienes de origen ilícito.
Igualmente, el Gobierno propuso crear un sistema de juzgados en materia constitucional y reconocer los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción. El objetivo es incentivar la llegada de inversión extranjera; y la legalización de contratos temporales y por horas, con la idea de impulsar la creación de empleo.