Juan Carlos Cassinelli y Rosana Alvarado, dos de los asambleístas que forman parte de la Comisión Especial de las enmiendas. Foto: Archivo / EL COMERCIO
En enero, la Legislatura recibirá un nuevo paquete de cambios a la Constitución y desde ya existen diversos criterios sobre el camino que deberá seguir. El primer paso que darán los oficialistas, previo a definir el texto, será concretar un taller para establecer los temas a incluirse así como una hoja de ruta. Una vez que estén claros estos puntos y de que el texto llegue a la Asamblea, dependerá de la Corte Constitucional (CC) el camino que tomen estos cambios: enmiendas en la Asamblea Nacional o una reforma vía consulta popular.
Entre los puntos principales que contendría esa propuesta está la ampliación del poder de fiscalización y juicio político de la Asamblea; aumentar el número de jueces que integran las cortes provinciales de Justicia; la inclusión en la Constitución del derecho del Estado a participar de la plusvalía o la potestad para que las comunidades indígenas vendan sus conocimientos ancestrales…
“El Gobierno no debe enviar un nuevo paquete. Eso demostraría que están tratando la Constitución como un plan de Gobierno”, dijo el legislador Patricio Donoso (Creo) quien rechazó una nueva intención de cambios a la Carta Política.
Desde el oficialismo en cambio se envió el mensaje de que estos ajustes son necesarios para reforzar derechos y que están en la potestad de hacerlos. Sin embargo, existe un punto en el cual aún no hay coincidencias: el camino que deberán tomar los cambios dentro de la Legislatura. Los asambleístas verdes sostienen que al igual que el primer paquete entregado a la CC en junio del 2014, esta nueva propuesta no alterará la Carta Maga del Estado. Por ello apuestan porque la vía para el trámite también sea la legislativa.
No obstante, sobre su tratamiento dentro de la Asamblea existen dos posturas. Hay quienes consideran que la Comisión que actualmente tramita las 16 enmiendas a la Constitución -presidida por Juan Carlos Cassinelli– debería acoger ese nuevo paquete, por un tema de experiencia y de economía administrativa.
Hay otros que consideran que se debería conformar una nueva mesa que se dedique exclusivamente al conocimiento del nuevo paquete, para que manejen sus propios tiempos y para evitar confusiones. De hecho cada paquete de enmiendas tiene tiempos establecidos: debe transcurrir 13 meses entre el primero y segundo debates.
Entre los oficialistas que consideran adecuada la conformación de una nueva comisión está Cassinelli. Para él, mandar ese nuevo paquete a la Mesa que preside podría causar “una acumulación de enmiendas y hasta una confusión”. Aclaró que “no le rehuyó al trabajo” y dejó en claro que no pasaría por un tema de economía procesal pues no se van a optimizar recursos y podría en algún momento causar dispersión. “Es fundamental estar concentrados”.
Para el también oficialista Fausto Cayambe, la decisión de crear una nueva comisión “dependerá de los momentos políticos”. Pero sostiene que por optimización de los recursos el Consejo de Administración Legislativa podría resolver que el segundo paquete sea enviado a la Comisión ya creada.
Ahora, está pendiente que esta Mesa ocasional apruebe el calendario definitivo del 2015 para la difusión del primer paquete de 16 enmiendas. La primera semana de enero los legisladores concretarán este punto y el proceso arrancará en Montecristi.
“Ese segundo paquete servirá para distraer la atención sobre leyes de impacto económico”, aseguró el opositor Luis Fernando Torres, para quien el Régimen se concentrará en las normas relacionas con la caída del precio del petróleo.
Frases
“Mandar ese paquete a la misma Comisión pudiera causar una acumulación de enmiendas y hasta una confusión”.
Juan Carlos Cassinelli/AP
“Si el país da paso a otra enmienda, en marzo habrá otra y convertimos a la Constitución en un traje a la medida”.
Patricio Donoso/Creo