Entrevista a Jaime Marchán, expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO
Entrevista a Jaime Marchán, expresidente del Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la UNO. El cree que Ecuador ha pasado por alto, al apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, la Carta de Conducta Democrática de Jaime Roldós, en la que los derechos humanos prevalecen sobre la agenda política de los Estados.
¿Cuán pertinentes fueron las declaraciones de Barack Obama sobre el peligro que significa Venezuela para la seguridad de EE.UU?
Considero que las declaraciones de Estados Unidos fueron desproporcionadas y laceraron la memoria histórica latinoamericana al recordarnos las condenables aventuras intervencionistas estadounidense. Las acciones individuales de siete funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos y corrupción, por graves que sean, no pueden constituir una amenaza verdadera y creíble para la “seguridad nacional” de Estados Unidos.
Unasur y la Alba han dado apoyo a Venezuela, pero más al régimen de Maduro. ¿Era algo que se esperaba de estos bloques?
Si estos nuevos organismos o bloques no fundan sus acciones en un compromiso real y firme con los DD.HH. habrían construido un nuevo y relumbrante edificio sobre cimientos de barro. Existe una íntima interdependencia entre democracia y DD.HH. Este es el tenor del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. De ahí que resulta lamentable que ni la Unasur ni el Celac ni la Alba, al referirse al caso de Venezuela, hayan hecho mención alguna al deber y a la necesidad suprema de respetar los DD.HH.
¿Qué debe apoyar un bloque internacional?
Cuando hablamos de DD.HH. hablamos de protección de los derechos de las personas y no de los gobiernos ni de los Estados. Los DD.HH. no son negociables; son absolutos, radicales incluso, al ser inherentes a la dignidad humana. El problema se da por una politización de su concepto. La responsabilidad de los Estados es cumplir con las obligaciones internacionales contraídas en esta materia. Aun si un Estado decidiese desvincularse jurídicamente
de los tratados, seguiría obligado a respetar las normas porque tienen una jerarquía suprema consagrada por el derecho universal.
El Gobierno de Jaime Roldós impulsó la Carta de Conducta Democrática. En ella se dice que la violación de los DD.HH. no legitima la soberanía…
La soberanía es un concepto que ciertos regímenes manejan a su antojo para blindar sus posiciones frente al orden jurídico internacional. No deja de ser contradictorio que estos regímenes que se autoproclaman progresistas se encasillen en un concepto tan estrecho y retrógrado de la soberanía. Todos los acuerdos y tratados internacionales, incluso los de comercio, se basan en una autolimitación de la soberanía nacional para permitir la construcción del orden internacional. La soberanía nacional absoluta, decimonónica, no existe, ya que sobre el orden interno prevalecen las obligaciones contraídas en virtud de los tratados internacionales.
¿Y la no injerencia?
En cuanto a principio de no injerencia, una posición lúcida y de avanzada en esta materia fue la doctrina Roldós, consagrada en la Carta de Riobamba del 11 de septiembre de 1980. Este instrumento, suscrito por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y España consagró el principio de que la acción conjunta en defensa de los DD.HH. no viola el principio de no intervención y, por consiguiente, tampoco el principio de soberanía nacional.
¿Ecuador está defendiendo la doctrina Roldós?
No he escuchado ningún pronunciamiento oficial del actual Gobierno a favor de la doctrina Roldós en la presente coyuntura. En la época en que esta se adoptó, que coincidió con el repudiable apoyo estadounidense a las dictaduras continentales, la doctrina Roldós fue el más valiente y progresista aporte hemisférico al fortalecimiento de los DD.HH. En lo internacional, la doctrina Roldós fue un significativo precedente doctrinal de un principio que ahora ya nadie discute: la prevalencia de los DD.HH. sobre la agenda política de los Estados.
¿Es paradójico que en tiempos de reivindicación a Roldós, se ignore la Carta de Conducta Democrática?
Es una gran paradoja porque, además de la doctrina Roldós, el Ecuador ha jugado históricamente un papel protagónico al impulsar los DD.HH. Fue el principal promotor de la creación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Un distinguido diplomático ecuatoriano, José Ayala, fue el primero en asumir esas funciones, en 1993. Otro paso relevante se produjo el 2009, al ser el primer país del mundo en firmar el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
¿Qué permite el Protocolo?
Permite a las personas o grupos plantear reclamos por violaciones de esos derechos. Y, finalmente, la Constitución de Montecristi es, en su formulación literal al menos, una de las más avanzadas del mundo, al establecer el principio de “justiciabilidad”. En virtud de este principio, las personas cuyos derechos han sido violados pueden acudir directamente a los tribunales nacionales, como primera instancia, en busca de reparación. Al menos, esa es la letra de la norma constitucional. Así, resulta paradójico que, frente a estos aportes históricos de gran relevancia internacional, no se haya dado a la doctrina Roldós la importancia y vigencia que merece.
FRASE
“Es contradictorio que regímenes proclamados progresistas se encasillen en un concepto retrógrado de soberanía”.
¿Quién es?
Jaime Marchán es una de las mayores figuras diplomáticas del país. Fue tres veces vicecanciller y expresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Además, es escritor de ficción.