El Alcalde Jaime Nebot ordenó que se devuelva la transferencia de USD 30 millones al Estdado, el 17 de septiembre de este año. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La polémica por la transferencia de la competencia de tránsito en Guayaquil, incluidos los recursos y la fijación de tarifas, continúa.
La devolución por parte de la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil de una transferencia por USD 30 millones, ordenada por el presidente Rafael Correa, encontró respuesta en el Ministerio de Finanzas.
Dicha cartera de estado, en un comunicado, informó que no admitirá la devolución de los USD 30 millones que fueron transferidos el pasado 16 de septiembre al Municipio porteño para que asuma las competencias de tránsito.
Según Finanzas la cantidad fue costeada y calculada por el Consejo Nacional de Competencias y fueron transferidos desde el Presupuesto General del Estado a las cuentas del Municipio.
El documento, agrega que “no existe norma constitucional o legal que obligue al Gobierno Central a transferir valores adicionales a los ya determinados por el Consejo Nacional de Competencias, (como por ejemplo subsidios), en la asunción de competencias”. Por lo tanto, añade, “es el monto legal y suficiente para que las competencias de tránsito y transporte terrestre sean asumidas”.
“Por lo tanto el Ministerio de Finanzas de acuerdo a sus atribuciones no puede admitir la devolución de los recursos de una competencia que fue transferida”, expresa.
Y el Cabildo, a través de su Empresa de Tránsito, no tardó en responder. La tarde de este jueves 18 de septiembre, en un comunicado firmado por su gerente, Andrés Roche, indica que “se ha llegado a lo inaudito. El Banco Central del Ecuador ha utilizado ilegítimamente un truco –calificar de “error: cuenta inválida”, la cuenta corriente única del Tesoro Nacional- para evitar que se acredite, al Ministerio de Finanzas, la referida devolución”.
Y agrega que el Banco Central del Ecuador es un operador de usuarios de las entidades del sector público. “Nuestra institución es tan parte del Estado como el Ministerio de Finanzas. El Banco Central del Ecuador no puede tomar partido, sino ejecutar las decisiones e instrucciones de los usuarios del sector público”.
Roche anunció que iniciarán el correspondiente juicio de consignación para devolver los ya citados fondos, “que fueron inconstitucional, ilegal e indebidamente transferidos a esta entidad, puesto que la competencia no se nos ha traspasado legalmente, porque el Gobierno Nacional ha incumplido los requisitos previstos en el artículo 273 de la Constitución y en la resolución 006-012 del 26 de abril del 2012 del Consejo Nacional de Competencias”.
E insistió en que la transferencia debe ser de USD 44 250 899,78 y, además, el Gobierno Nacional tiene que cumplir previamente con la expedición de la estructura de tarifas, de acuerdo a costos reales de operación, que hasta el momento no existe.
A nivel del Concejo Cantonal de Guayaquil existen opiniones divididas. María del Carmen Alman, concejala por el movimiento oficialista País, expresó que la Constitución y las leyes señalan la atribución de los municipios no solo de asumir la competencia de tránsito sino también de regular las tarifas.
Incluso señaló que “como concejales, nosotros aprobamos el presupuesto y parte del presupuesto de los municipios es para subsidiar a la transportación. Hay una resolución completa que regula la fijación de tarifas”.
Alman calificó como un “capricho” la devolución de los fondos ordenada por el alcalde Jaime Nebot.
“Los únicos que tienen competencia sobre el tránsito son los municipios. La ley indica que la regulación de las tarifas es de los cabildos. El gobierno está cumpliendo con la entrega de recursos para que el Municipio asuma la competencia”, acotó Alman.
En tanto Manuel Samaniego, edil por PSC-Madera de Guerrero, insistió en que para que el municipio o cualquier gobierno local puedan asumir una competencia, se le deben enviar completos los recursos.
“A Guayaquil se le han enviado 15 millones menos de lo que le corresponde recibir. Y no solo se requiere que el Gobierno entregue la totalidad de los recursos para que el Municipio asuma la competencia sino además tiene que establecer el techo de las tarifas de transporte en base a estudios reales. Esto no se trata de un acto de soberbia sino es cumplir con la constitución”, expresó.