La decisión del pueblo indígena de Sarayaku, de proteger a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, genera inquietud en el Gobierno, que no encuentra la manera adecuada de actuar en la comunidad indígena.
Ayer, el operativo de “verificación de la presencia de los prófugos” fue un fracaso. Dos helicópteros policiales que transportaba, entre otras autoridades, al director nacional de la Policía Judicial, Milton Zárate, no pudieron quedarse más de cinco minutos en el helipuerto de la comunidad. Los habitantes de Sarayaku salieron hasta ese lugar y no permitieron que las autoridades desembarcaran, por lo que las naves debieron despegar.
Según los dirigentes de Sarayaku, este no es el primer operativo fallido en su territorio, pues militares habrían tratado de ingresar hace más de una semana, en un operativo coordinado desde Puyo. Además, denunciaron continuos sobrevuelos de aeronaves militares en esa zona.
Frente a esta situación tensa entre las autoridades y los indígenas, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, rechazó la actuación del pueblo kichwa al no permitir el ingreso de la Policía. Desde su punto de vista, las actuaciones de la comunidad no pueden estar amparadas en la sentencia a favor de Sarayaku que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el 2012. Aquel fallo se dio por el inicio de la explotación petrolera en la zona sin consulta previa.
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Para Patricia Gualinga, dirigente de la comunidad, la sentencia sí es un precedente para que la fuerza pública no ingrese a su territorio. Cita, como ejemplo que debido a un convenio con el Consejo Nacional Electoral (CNE), los militares no han estado presentes en los pasados procesos electorales.
Sin embargo, el problema va más allá. El ministro del Interior, José Serrano, denunció la presencia de grupos armados que custodian a los tres sentenciados. Lo hizo sobre la base de una fotografía publicada en el diario guayaquileño Expreso, en la que se los ve acompañados por hombres armados.
Por esta razón, Zúñiga busca junto con la Procuraduría una cita con el presidente de la Corte IDH Diego García-Sayán, “para poder exponer esto que está pasando en el país, que pone en riesgo la convivencia pacífica” entre todos.
Sin embargo, el catedrático de la Universidad San Francisco, Farith Simon, asegura que el presidente de la Corte Interamericana no puede hacer declaraciones sobre un caso jurisdiccional en específico, sino que más bien habría que pedir a esa instancia internacional una aclaración sobre la sentencia y sus alcances.
“El presidente de esa instancia puede hacer una declaración de carácter político en nombre de la Corte, pero esta no tendría un valor jurídico”.
Además, para Simon, con esta reunión se buscaría una salida alternativa al enfrentamiento, algo que siempre será positivo. “El Estado tiene la posibilidad de ejecutar la decisión (judicial) por la fuerza. No obstante, esta acción sería realmente grave y podría tener una serie de consecuencias políticas negativas muy grandes”.
Pero el Estado ecuatoriano no es el único que busca apoyo internacional frente a la situación tensa. La dirigencia Sarayaku ha enviado comunicaciones a la Organización de Naciones Unidas, el Alto Comisionado e incluso al Papa, señaló Gualinga a través de un correo electrónico. Anteriormente, también enviaron cartas a la CorteIDH y a la Comisión Interamericana, en busca de una solución.
Una serie de fotografías que mostraban hombres armados fue expuesta ayer por el ministro Serrano, quien los calificó de “grupos paramilitares” y dijo desconocer si pertenecen o no a la comunidad.
Serrano, quien fue abogado de Sarayaku en el inicio de su demanda ante la CorteIDH, dijo que de su experiencia en la comunidad sabe que se utilizan armas de fuego para la cacería, pero no las que se muestran en esas imágenes.
“Yo hace algún tiempo dije que las armas que utiliza Sarayaku son para cacería, pero porque yo fui testigo. Pero de esto, jamás, y esto no lo voy a permitir”, advirtió.
Sin embargo, la dirigencia indígena se mantiene en que son armas para la caza. “Las personas, cuando andan en el bosque, siempre andan con sus escopetas y eso lo sabe muy bien el ministro Serrano. Otros gobiernos ya intentaron acusarnos igualmente de andar armados”, señaló Gualing.
Mientras que las personas vestidas con chalecos que también aparecen en las fotos son los wio, una suerte de policía dentro de la comunidad ante la ausencia de la fuerza pública, y que Serrano confirmó.
Un fiscal de Pastaza ya investiga la presencia de lo que el Ministro llamó “grupos paramilitares”, según el ministro del Interior.
En contexto
Desde hace más de un mes, la comunidad de Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, resolvió acoger al exasambleísta Cléver Jiménez y los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. El territorio de ese pueblo se extiende por 135 000 ha.