El Gobierno de Daniel Noboa se abre tres frentes en la Asamblea Nacional por los últimos desacuerdos políticos con la dirigencia y militancia de las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y Construye.
En las últimas semanas, la alianza que le garantizaba al Gobierno alcanzar una mayoría absoluta de 70 votos, incluyendo a los asambleístas de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) y, de forma intermitente, los votos de Construye, se destruyó.
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A raíz de la captura del exvicepresidente Jorge Glas, el 5 de abril de 2024, con una incursión de la fuerza pública en la Embajada de México en Quito, la RC rompió el compromiso adquirido con el oficialismo y, durante la campaña por la consulta popular de iniciativa del Gobierno, promovió el “no” en las once preguntas.
En tanto, la separación del PSC quedó en evidencia con las declaraciones de Alfredo Serrano, presidente nacional de esta organización, en las que acusó al Gobierno de quitarle dos legisladores. “Este aliado, obviamente, no escatimó esfuerzo en aprovecharse de nuestra actitud patriótica (…) a estas alturas, hablar de alianzas, es imposible”, expresó en entrevista con Radio Centro.
Finalmente, las diferencias con Construye se agudizaron con las declaraciones de su dirigente, María Paula Romo que, tras el dictamen del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de cancelar a este movimiento, señaló que esta decisión se tomó por pedido del presidente Daniel Noboa; ADN respondió con un comunicado en el que arremetió contra Romo y su organización política.
Pese a estos fraccionamientos y a que el Gobierno ya no tiene segura una mayoría para la aprobación de las leyes, en el oficialismo se mantienen optimistas sobre la posibilidad de que tendrán el apoyo necesario para aprobar leyes importantes, como las reformas expuestas en la consulta popular, para la aplicación de las preguntas que ganaron el sí.
Asambleístas de RC, PSC y Construye han coincidido en expresar que mantendrán sus votos en los temas que consideren de beneficio para el país y, en el caso de la consulta popular, agregan que las reformas son mandatos de la población que la Asamblea debe acatar.