El informe anual 2013 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue presentado ayer en Washington. El informe, en su análisis por países, dedica 43 para hablar sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador.
El documento, elaborado por la relatora Catalina Botero, asegura que en el 2013, “el Gobierno de Ecuador continuó con la práctica de utilizar la facultad legal de emitir mensajes obligatorios para difundir la opinión oficial”.
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Además critica el uso de las cadenas presidenciales, ya que se trataría de una facultad que no es absoluta. “La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario”.
El informe menciona los casos de Cléver Jiménez, Pepe Acacho y los ‘10 de Luluncoto’, sentenciados por la Justicia ecuatoriana. En este sentido, señala que el principio 10 de la Declaración de la CIDH afirma que: “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”.
Además, en un apartado del documento, la Relatoría recopila las críticas que el Gobierno ecuatoriano y los medios públicos han realizado a la CIDH, además de los cuestionamientos que se hacen a los peticionarios que se presentan en las audiencias ante la Comisión. La Relatoría señala que la Comisión considera “inaceptable” cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado tras la participación de personas u organizaciones ante los órganos del Sistema interamericano. “La Comisión recuerda a los Estados que el artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que éstos deben ‘otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter’”.
Además, el informe señala la preocupación por la Ley de Comunicación y por la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, además del Decreto Ejecutivo 16, que regula a las organizaciones de la sociedad civil.