El Gobierno y sus diputados definieron ayer su posición para aprobar la ley de comunicación, cuyo proyecto es cuestionado.
El Ejecutivo anunció que no enviará un delegado al Legislativo para el debate de la ley. “El veto es una atribución del Presidente y no puede estar supeditado a nada”, dijo Doris Soliz, ministra de la Política. A su vez, A. País dijo que redactará otro proyecto diferente al que está en la Comisión de Comunicación, congelado desde julio del año pasado. Mauro Andino dijo que solo se ajustará un 20% de su contenido.
Ese proyecto es cuestionado por la oposición y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DD.HH. Su titular, Catalina Botero, envió una carta a la Asamblea el año anterior, señalando los riesgos para la libertad de expresión.
La Comisión analizará la ley
Alianza País y la oposición llegaron ayer a un acuerdo. Los 11 legisladores de la Comisión de Comunicación resolvieron “analizar y debatir el proyecto de ley de comunicación” para incluir las reformas de las preguntas 3 y 9 de la consulta popular y textos de la propuesta que no aprobaron los legisladores de la oposición. Además, tratarán nuevas propuestas.
El acuerdo fue impulsado por legisladores como Paco Moncayo, Marco Murillo y Virgilio Hernández, quienes participaron activamente de la discusión. En ese sentido, también se comprometieron a redactar un documento que incluya todos sus acuerdos para que pase en el Pleno de la Asamblea.
Durante la sesión, los asambleístas conocieron la decisión de la Presidencia de la República de no enviar a su delegado a los debates del proyecto de ley.
A juicio de Moncayo, se debe conversar con el presidente Rafael Correa, para que se una a la discusión. A Cynthia Viteri (Madera de Guerrero), no le sorprendió la noticia y dijo que no creía en la delegación del Ejecutivo.
En cambio, para Rolando Panchana (A. País), la resolución de Carondelet debe ser aceptada.
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9 críticas de la Relatoría de la Corte
Libertad de expresión
Las opiniones y juicios de valor deben protegerse
La Relatoría solicita que la Ley de Comunicación proteja de forma expresa a la opinión, conforme lo señala el artículo 13 de la Convención Americana de DD.HH. Como lo ha señalado una sentencia de la Corte Interamericana del 2008, “las opiniones se encuentran ampliamente protegidas, incluso las que son ofensivas, perturbadoras o chocantes”. La Corte ya señaló que las opiniones y juicios de valor no pueden ser objetos de ninguna sanción.
Rectificación
El derecho a la respuesta desborda a la Convención
La Relatoría considera que el derecho a la rectificación o respuesta, tal como está planteando en el proyecto de ley, excede la regulación que incorpora el art. 14 de la Convención. La propuesta de A. País señala que se tiene derecho a respuesta por informaciones inexactas o agraviantes. Según la Relatoría, hay que proteger el derecho a que no les sean impuestos contenidos ajenos.
Control
Un Consejo de Regulación sin injerencia política
La Relatoría alerta con la necesidad de que el Consejo de Regulación de Medios sea integrado de una forma que impida injerencias políticas y comerciales. Este principio está recogido en la Declaración Conjunta del 2001 de los relatores para la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Para conseguir esta independencia, se solicita que la integración del organismo sea plural. “Es importante garantizar la pluralidad que beneficia a toda la sociedad”.
Regulación
Las obligaciones de los medios deben ser claras
La Relatoría señala que los límites para los medios deben ser definidos de forma clara en la Ley y acorde al art. 13.2 de la Convención Americana. Esa norma señala que la difusión libre de información debe proteger bienes jurídicos fundamentales como la seguridad nacional, el orden público o la salud . Si no hay precisiones, la Relatoría alerta de “excesiva discrecionalidad” al organismo de control en este tema.
Profesión
El periodismo no solo es para comunicadores
El documento pide que no se ponga como requisito para ocupar un cargo importante en un medio masivo ser un comunicador o periodista profesional. Según interpretación de la Corte, eso implicaría una restricción a la libertad de expresión.
Medios
El Consejo no puede regular la conducta ética
La Relatoría cuestiona que el proyecto de ley permita al Consejo de Regulación controlar la conducta ética de los medios y de los periodistas. Señala que esta disposición de la propuesta de Ley de Comunicación es incompatible con el principio de autorregulación que debe regir en materia de ética periodística. La implementación de los estándares éticos no puede quedar en manos de organismos estatales, ya que hay el riesgo de la injerencia indebida en los contenidos.
Información
Diferencia entre noticia y opinión parte del medio
A la Corte le inquieta el art. del proyecto de ley que obliga a los medios a distinguir entre espacios de información y espacios de opinión. Si bien reconoce que es una buena práctica esa diferenciación, señala que el control a su aplicación no puede estar en manos del Estado. Al contrario -señala- tiene que ser el producto de la autorregulación de los medios y de los periodistas. Sobre todo, porque en la práctica esa diferenciación puede presentar dificultades.
Conciencia
Cambios de línea editorial se encuentran limitados
La Relatoría ve dificultades en la cláusula de conciencia del proyecto. Esta norma señala que en casos de cambio sustancial de orientación en el medio, los comunicadores podrán terminar su relación laboral, entendida como un despido intempestivo. Para la Corte, esta norma implica un desincentivo para modificar la línea editorial de un medio, pues equivale el despido inmediato de su equipo. Además, se atenta contra el pluralismo, que permite el cambio de línea.
Estado
La censura previa está mal interpretada
El proyecto de ley señala que la censura previa de información podrá darse en casos establecidos por la Constitución, los tratados internacionales y la ley. Sin embargo, la Corte ha señalado que solo en el acceso de espectáculos públicos que atenten contra la moral de la infancia y adolescencia se aplica esta censura previa. De ahí que la aplicación de esta figura en otros casos, como lo señala el proyecto de ley, implica el menoscabo a la libertad de expresión.
Cinco observaciones de César Montúfar al texto oficial
Denuncias
Un consejo que será una “comisaría de medios”
En el artículo 100 se consagra al Consejo de Comunicación como una “comisaría de medios”. Estos pudieran ser denunciados por quejas en caso de cometer infracciones contenidas en la Ley.
Reglamento
La discrecionalidad que tendrá el Ejecutivo
Una vez que se apruebe el texto de la Ley de Comunicación, elPresidente de la República tiene en sus manos la redacción íntegra del reglamento.
Propiedad
La propaganda oficial y los medios públicos
No se menciona que la democratización de la comunicación requiere regular y limitar la publicidad y propaganda oficiales, las cadenas o enlaces ordenados por instituciones del Estado. No se aborda ni se dice nada sobre la independencia de los medios llamados públicos.
Administración
Un consejo que será un ente más sancionador
La ley quiere darle un carácter punitivo al Consejo de Comunicación e Información al otorgarle un amplio margen para establecer obligaciones administrativas a los medios de comunicación, las cuales deben ser reguladas por este ente.
Burocracia
El Consejo abrirá oficinas en varios sitios del país
En la estructura del Consejo de Comunicación se habla de las delegaciones territoriales cuya función se definirá en la ley y el reglamento. Es una estructura peligrosa contra la libertad de expresión y, además, se creará una burocracia inmensa, a lo largo del país.
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La propuesta que tiene el Ejecutivo
Limitación
La responsabilidad ulterior, un requisito
En el artículo 9 se habla sobre la libertad de pensamiento y expresión en el que se reconoce y garantiza el derecho a la libertad de pensamientos; pero se establece que debe existir responsabilidad ulterior para garantizar una difusión veraz, verificada y oportuna.
Integración
Un consejo con tres delegados del Ejecutivo
El Consejo de Comunicación estará conformado por dos integrantes postulados por el Presidente de la República, otro por el Consejo de Igualdad, un miembro de las facultades o escuelas de comunicación y tres representantes de la ciudadanía, con sus suplentes.
Burocracia
El Consejo tendrá sus delegaciones en el país
El Consejo de Comunicación creará delegaciones territoriales tomando en consideración, entre otros, los siguientes parámetros: población urbana y rural y densidad poblacional; concentración, tipo y cobertura de medios de comunicación.
Los protagonistas
1. Mauro Andino. Es el titular de la Comisión de Comunicación, que dio la última versión del proyecto.
2. Ángel Vilema. De Alianza País y vicepresidente de la Comisión de Comunicación.
3. Rolando Panchana. Vicepresidente de la Asamblea. Es del ala oficialista.
4. María Augusta Calle. Miembro de la Comisión.
5. Betty Carrillo. Es de A. País y fue presidenta de la Comisión de Comunicación.
6. Lourdes Tibán. De Pachakutik. Se opone al proyecto del Gobierno.
7. Jimmy Pinoargote. Ex ADE e integrante de la Comisión de Comunicación.
8. Cynthia Viteri. De Madera de Guerrero. Es miembro de la Comisión.
9. Fausto Cobo. Es de Sociedad Patriótica e integrante de la comisión.
10. César Montúfar. De Concertación Nacional. Fuerte crítico de la Ley.
11. Catalina Botero. Relatora especial para la Liberta de Expresión de la CIDH.