En Venezuela se dieron manifestaciones en contra del sistema biométrico que el gobierno busca implementar para controlar la compra de alimentos. Foto: AFP
Desde el pasado lunes, 25 de agosto, pequeños grupos de manifestantes protestaron en Caracas y San Cristóbal – ciudad ubicada al oeste de Venezuela -. Las protestas se dan en contra del sistema biométrico para controlar las compras que funcionará desde el 30 de noviembre. Con esta medida el gobierno de Nicolás Maduro busca frenar el desabastecimiento y el contrabando de alimentos.
Los incidentes comenzaron ayer en la ciudad de San Cristóbal pasadas las 4:00 (4:30 de Ecuador). Un grupo de encapuchados cerró algunas calles con bolsas de basura y escombros. La Guardia Nacional Venezolana llegó hacia el lugar para dispersar a los manifestantes que respondieron con bombas incendiarias, informó AFP.
En Caracas también se presentaron algunos incidentes, en esta urbe tres personas fueron detenidas por la Guardia Nacional. Medios locales informaron que las barricadas que levantaron los manifestantes causaron problemas de tráfico pero no tuvieron mayor incidencia.
Los manifestantes se mostraron en contra del nuevo sistema electrónico que el Gobierno busca implementar para controlar las compras. También rechazaron el desabastecimiento que vive Venezuela y la inflación que en este país asciende al 60% anual.
La semana pasada, mediante una rueda de prensa, Maduro anunció que desde finales de este año controlará las compras de cada persona. Pero la medida ha causado la desaprobación de varios sectores de la oposición entre ellos el ex candidato a presidente y Gobernador del Estado de Miranda Enrique Capriles quien, el 21 de agosto, escribió en su cuenta de Twitter: “Quieren implementar un sistema biométrico en los mercados que no es otra cosa más que tarjeta de racionamiento”.
Andrés Eloy Méndez, Superintendente de Precios Justos, dijo que este sistema no busca restringir la compra de alimentos sino va a determinar “quién está comprando más de lo debido“. Comentó que las personas que no puedan justificar la compra excesiva de productos están bajo la presunción del delito de contrabando, delito que tiene una pena de 10 a 14 años de prisión. Según un reporte de la Agencia ANSA.