No era un cacerolazo, sino una marcha sindical. Pero a lo largo de la movilización del miércoles, a los que se unieron otros colectivos y organizaciones sociales, hubo personas que marchaban sin filiación gremial, lo hacían tan solo con una cacerola y una cuchara en mano. Sus consignas eran personales, gritaban contra las políticas gubernamentales que sienten que les afectan.
Estos reclamos ciudadanos resumen el escenario social por el que atraviesa el país. Tras siete años de gobierno del presidente Rafael Correa, los sectores sociales intentan retomar las calles como el lugar para expresar su descontento.
“Después de todo ese tiempo en el poder ya no se puede venderle al pueblo solo esperanzas, ni la democracia se mide en kilómetros de carretera”, dice Francisco Rocha. Además, para este analista político, hay un sector de la población que se está agotando de la actitud gubernamental. Y eso es algo que desde el Ejecutivo deberían escuchar.
La convocatoria hecha por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) recibió un masivo apoyo. La marcha se extendió por 12 cuadras, durante su trayecto por el centro de Quito. Para algunos de los organizadores de la marcha, la cifra oscilaba entre 20 000 y 30 000.
Para el Presidente, en cambio, no eran más de 4 000 -un millar más de lo que había pronosticado la semana pasada. Pero que los que llenaron la Plaza Grande para respaldarlo en su gestión, eran mucho más.
“Los buenos somos más”, dijo el presidente Correa ayer desde Loja, a propósito de los incidentes con que terminó la movilización en la plaza San Francisco.
Pero las imágenes que respondieron a la convocatoria sindical generan cuanto menos algunas inquietudes en el escenario político ecuatoriano a futuro.
Para muchos, algo se germina con las marchas que se repitieron en todo el país. Para Édison Paredes, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y experto en temas sindicales, podría ser el “origen de un proceso de reestructuración de la organización social y la lucha popular”.
Las últimas manifestaciones son una muestra del rechazo a las políticas que lesionan derechos, añade Paredes. Pero lo que también adolece el país es la falta de un canal para expresarse y llegar al Gobierno. Por ello, los sectores populares usan sus estrategias históricas: la movilización y la huelga.
Ambos analistas coinciden en que hay un cambio en el escenario social. Es el momento en que la inconformidad y descontento ciudadanos pueden ser canalizados para que los sectores sociales recuperen la fuerza y la unidad y detener las políticas que consideren antipopulares del Gobierno.
El discurso oficial además tiende a minimizar a aquellos que lo enfrentan. “Aquí no pasarán, el pasado no volverá”, gritaba el presidente Correa, el miércoles desde Carondelet. El día anterior a la marcha ya advirtió que no conversaría con aquellos que “no representan a nadie”. Y al final de su jornada agradeció el respaldo abrumador, que a su forma de ver, tuvo el Gobierno.
Ese día, a los manifestantes los escoltaba la Policía. Desde la Corte Constitucional hasta la Caja del IESS y después a San Francisco. Según el ministro del Interior, José Serrano, el objetivo era precautelar la seguridad ciudadana, pero al final los policías fueron atacados por los manifestantes.
Paredes tiene otra versión: lo que dice Serrano no corresponde a la realidad. La forma cómo se presentó la Policía ya era de por sí un acto violento, la manera cómo esperaron y cercaron a los manifestantes, la cantidad de uniformados, los caballos, los perros. Según su tesis, eso es una forma de amedrentamiento y la reacción de la gente es una forma de contraviolencia, de respuesta.
Pero estos actos traerán secuelas a más de 20 estudiantes del Colegio Montúfar. Se les aplicaría la sanción más fuerte contemplada en el artículo 134 de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe para los menores de 18 años que participaron en las protestas.
Estos estudiantes serán separados del plantel y se los reubicará en otras instituciones. Lo confirmó el ministro de Educación, Augusto Espinosa. Y agregó que otros alumnos, como los del Instituto Mejía, recibirán la misma pena.
“Hay una falta grave que cometieron estos jóvenes y se sancionará en correspondencia. No se necesita que hayan sido reincidentes”, dijo y recalcó que se seguirán los procesos administrativos.
El artículo relacionado con el régimen disciplinario de los estudiantes señala que se considera faltas los actos de violencia, de hecho o palabra, contra cualquier miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales. También, deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los bienes públicos y privados.
Para quienes incurran en estas faltas disciplinarias hay tres tipos de sanciones, que van desde la amonestación y la suspensión temporal hasta la
El Ministerio se reunirá con los alumnos y sus padres. Indicó que el que hayan cometido faltas “que terminan siendo delincuenciales como lanzar piedras, agredir a periodistas y dañar la propiedad privada y pública hace necesario rehabilitarlos”. Y eso ocurrió en el 2013 con estudiantes del Central Técnico: además de ser separados del colegio, debieron hacer trabajo comunitario.