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La historia del cooperativismo en el país ha sido larga y compleja. Se trata de un mecanismo importante para el desarrollo personal, familiar y fundamentalmente comunitario, que ha enfrentado la marginalidad, la pobreza, la inequidad en la distribución de la riqueza. El sistema bien manejado y bien controlado ha sido un gran soporte para el desarrollo de las comunidades, de manera especial en el campo.

Hay buenos y malos ejemplos. Unos exitosos como sucede en la provincia de Bolívar, en donde han llegado a acumular grandes recursos y manejar millones de dólares y con ello han contribuido al desarrollo local. Existen también malos ejemplos de grandes cooperativas. El caso de la San Francisco de Asís -una de las más grandes de América Latina- que en su momento funcionó con éxito, que llegó a captar el 90 por ciento del total de aportaciones del sistema de cooperativas, con 215 mil socios, pero fue intervenida por la Superintendencia de Bancos y en el año 90 se inició su liquidación por problemas financieros.

Una treintena de cooperativas de ahorro y crédito fue controlada por la Superintendencia de Bancos pero la gran mayoría dependía del antiguo Ministerio de Bienestar Social y la Dirección Nacional de Cooperativas, que fue un ente ineficiente y hasta alcahuete de estafas. Eso fue un caos. Ni siquiera se contaba con el registro mínimo del número de cooperativas y por tanto no se sabía con certeza cuántas eran, qué tipo de cooperativas funcionaban y cuáles eran sus cuentas claras. Producto de la laxitud en los controles permitió que existan irregularidades.

Hace poco la actual administración presentó el libro de la Historia del Cooperativismo en el Ecuador, del autor Wilson Miño, un valioso aporte que presenta una investigación sobre este tema. Antes, las Naciones Unidas declararon el 2012 como año internacional del Cooperativismo y el Ecuador se empeñó en enfrentar el problema. Se incluyó en la Constitución del 2008 el concepto de la economía popular y solidaria y el sector financiero popular, se aprobó la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y se creó la respectiva Superintendencia.

Según la ministra Janeth Sánchez, se cuenta ya con una base de datos iniciales que deben llamar la atención por su volumen: 39 cooperativas controladas por la Super de Bancos, 867 contabilizadas en el MIES, 12 000 bancos y cajas comunales, 2 334 cooperativas de producción, consumo, vivienda y transporte, 2 600 organizaciones comunitarias, 1 683 organizaciones asociativas y 180 000 unidades económicas populares. Un sector importante que con estrictos controles permite salvaguardar los aportes y ahorros de los socios de las cooperativas y con ello se precautela la estabilidad, solidez, desarrollo y correcto funcionamiento de las entidades de economía popular y solidaria.

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