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El Gobierno español quiere dedicarse al “drama humano” que provocan miles de desahucios de familias endeudadas, sobre todo inmigrantes, que no pueden pagar sus hipotecas.

El ejecutivo de Mariano Rajoy propondrá a los bancos la llamada dación en pago para las familias más vulnerables, una fórmula que supone el saldo de una deuda hipotecaria mediante la entrega de la vivienda al banco y que es una de las principales reivindicaciones del movimiento de los indignados.

Según explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno va a impulsar un código de buenas prácticas para los bancos y en él quiere incluir “la dación en pago a las familias que estén dentro del umbral de exclusión”. Ese umbral se fijará a través de varios criterios: por un lado, que sean familias hipotecadas en las que todos sus miembros estén desempleados y por otro, que los ingresos adicionales que tengan, si los tienen, no superen un nivel que aún hay que determinar.

“Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen”, manifestó De Guindos.

La crisis económica en España ha dejado a numerosas familias en situación desesperada. Al perder sus empleos y no poder hacer frente al pago de la hipoteca, el banco ha embargado a muchos su vivienda y, además de verse en la calle, se han encontrado con que tenían que seguir pagando a la entidad financiera importantes sumas de dinero por los intereses contraídos y porque la valoración de esa vivienda en el momento del embargo era menor al importe de la hipoteca que contrajeron en su día.

Más de 150 000 personas han sido desahuciadas en España al no poder pagar sus hipotecas, un tema que está causando gran escándalo social en el país.

El Ministro de Economía adelantó que el código de buenas prácticas para la banca que elabora el Gobierno propondrá que se permita a las familias vulnerables habitar en la vivienda “al menos dos años” antes de ser desalojadas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) criticó no obstante las propuestas del ministro De Guindos: “No se puede apelar a la buena voluntad de los bancos”, señaló.

Golpeado por una tasa de desempleo del 22,85%, el país se debate para superar el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. En los nueve primeros meses de 2011, fueron decididos 42 894 desahucios en España, según las autoridades judiciales. Es más que todo el año 2009 (con 33 918) y casi tanto como en el 2010 (47 809) .

Crisis de hipotecas

“El Gobierno es muy  sensible a la situación que ha generado el gran número de ejecuciones que están afectando a un gran número de ciudadanos”, afirmó el ministro Luis   de Guindos ayer en el Parlamento.

Actualmente en  España, el banco puede quedarse con la vivienda de un propietario que no puede devolver su hipoteca para venderla en subasta y tratar así de saldar la deuda.