El pasado 24 de abril, la sala de la familia, niñez y adolescencia de la corte Provincial de Pichincha, en una sentencia de 42 páginas, (ponente jueza Burbano) echó abajo el decreto ejecutivo 645 de 10 de enero de 2023 por el cual se disminuyeron los impuestos al tabaco, los licores, las armas y la cerveza. El juez de primera instancia había rechazado la acción de protección iniciada por grupos ambientalistas y salubristas, que demandaron la inconstitucionalidad del indicado decreto.
Habría varios argumentos legales para dejar sin efecto la decisión de la corte Provincial (por ejemplo, que la declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo es facultad privativa de la Corte Constitucional), pero el tema de fondo es definir si los jueces, al decidir sobre acciones constitucionales, pueden interferir en el manejo económico del país, que corresponde al gobierno central.
La reducción de impuestos a los cigarrillos y licores tiene por objeto luchar contra el contrabando, incrementar los ingresos fiscales, y proteger a la población del consumo de cigarrillos ilegales y licores adulterados que pueden causar graves daños a la salud e inclusive la muerte de los consumidores. La experiencia demuestra que los altos impuestos a estos productos generan un masivo contrabando.
El ICE del 150 por ciento a los cigarrillos provocó que, alrededor del 80 por ciento de los que se consumen en Ecuador sean de contrabando, sin ningún control de calidad, sin que incluyan en sus empaques las advertencias del daño que causan a la salud y sin que el fisco perciba ingresos sobre su importación y consumo. Igual ha ocurrido con los licores cuando los altos impuestos incentivan el contrabando y la adulteración.
Se dirá que el gobierno tiene la obligación de evitar las importaciones ilegales y para eso están las Fuerzas Armadas y la Policía, pero la realidad en Ecuador – y en la mayoría de los países, inclusive desarrollados- es que los impuestos excesivos y peor aún la prohibición, son un gran incentivo para las importaciones ilegales. Lo que ocurre con el macro tráfico de drogas en el mundo entero, confirma esta realidad.
Por tanto, los jueces constitucionales -que pronto serán especializados- deben decidir con un amplio análisis de los efectos prácticos de sus decisiones y no tomar acciones que dejan de lado la realidad y, además, afectan a los ingresos fiscales. A los grandes grupos de contrabandistas y hasta al narcotráfico, les conviene el mercado ilegal; los primeros para hacer enormes utilidades y los segundos para lavar su dinero.