Un proceso judicial que, al cabo de veinte años y veinticinco días, no llegó a ninguna parte, por orden del actual Tribunal Contencioso fue a parar al archivo.
Un alto funcionario del Ministerio de Agricultura había sufrido glosa de la Contraloría General del Estado porque en la dependencia de la ciudad de Guayaquil, Dirección Agropecuaria, habían devuelto unas vacunas para aftosa. Uno de los funcionarios del Ministerio que laboraba en Quito recibió también el cargo de Contraloría, pero el de esta historia demostró que nunca trabajó en Guayaquil.
Ante semejante situación, uno de los que mereció la glosa impugnó la Resolución de Contraloría ante el Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en Quito.
Recién a fines de noviembre del 2014, el actual Tribunal emitió Resolución de archivo, mencionando la “razón” del Secretario: “En cumplimiento a lo dispuesto en el auto que antecede, siento como tal que revisado el presente juicio No. 2014-051 propuesto por Gonzalo E. contra el Contralor General del Estado y otros se encuentra que desde la fecha de la última diligencia procesal o petición (23 de septiembre de 1993) hasta la fecha del escrito en donde se solicita el abandono (17 de octubre de 2013) ha transcurrido el tiempo de veinte años y veinticinco días”.
Aplicando las normas legales, el Tribunal Superior … “declara el abandono de la presente causa y dispone su archivo”.
En otro juicio en que el abogado demandaba que el cliente pague saldo de honorarios, luego de haber triunfado en la lid judicial, la ley procesal civil prevé un trámite bastante corto y rápido, pero este caso lleva ya cuatro años y ni siquiera se ha tramitado la prueba. El abogado demandante (que es el mismo que defendió el caso del Ministerio de Agricultura), desistió de su demanda, observando que no hay futuro. Acompañó una copia de la Resolución en el caso del funcionario de Agricultura, haciéndole saber que el glosado había fallecido hace 15 años; también su cónyuge y hasta un hermano profesional de la psiquiatría. Preguntó al juez: ¿Debo entregar, en nombre de la justicia, la boleta de archivo en la tumba del demandante? Mejor, ¡quédense con el dinero!
Historia tras historia: en febrero del año anterior en una agencia bancaria habían transferido, fundados en un documento falso, 65 000 dólares de una cuenta a otra. La duración de la investigación se acerca a cumplir un año; y nadie sabe de los beneficiarios de ese dinero, ya que no hay resultados.
Como se ve, falta mucho por arreglar en la administración de justicia. Los perjudicados sufren las consecuencias y pérdidas; y la delincuencia aumenta igual que la impunidad.
En parte no es culpa de los funcionarios, pues hay demasiados casos por atender. Faltan más fiscales; más jueces y tribunales; y más policías científicos para investigar.
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