El próximo 10 de diciembre celebraremos el sexuagésimosexto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue acordada para orientar las políticas de todos los Estados, cuyo preámbulo dice que el reconocimiento de la dignidad y derechos de la persona es el fundamento de la justicia, la libertad y la paz. Sobre esta base fundamental, la comunidad internacional ha ido progresivamente creando un cúmulo de acuerdos y tratados para promover y proteger los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como los derechos colectivos de los grupos vulnerables de la sociedad, y el derecho al desarrollo.
Inicialmente considerada como un documento que se limita a consagrar aspiraciones y que únicamente crea obligaciones de carácter moral, ahora pocos niegan el valor de la Declaración en el contexto del derecho internacional público. Muchos Estados la han incorporado a su estructura jurídica interna y son mayoría los que han aceptado el carácter supra-constitucional de los derechos humanos.
Como un aporte para la conmemoración del nuevo aniversario de la Declaración Universal, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han firmado una declaración fechada el 19 de noviembre, en la que han acordado fortalecer la cooperación entre los sistemas mundial y regional, lo que incluirá consultas, intercambios de información y, en casos especiales, acciones conjuntas. El Alto Comisionado dijo, en la ocasión: “Nos preocupa que algunos países muestren cierta resistencia hacia el sistema regional de derechos humanos y alentamos a todos los Estados miembros de la OEA a asumir su responsabilidad de apoyar a la Comisión Interamericana, mediante el cumplimiento de sus decisiones y el aporte del financiamiento adecuado”. Ofreció su firme respaldo a la Comisión reconociéndola como “un órgano altamente respetado”.
Es lamentable, en efecto, que el sistema interamericano de derechos humanos, cuidadosamente construido a través de los años, se encuentre ahora bajo el embate de Estados en los que las tendencias autoritarias de sus gobiernos les impiden ver que su deber es fortalecer dicho sistema y no bregar neciamente para debilitarlo. La primera prueba de madurez que puede dar un Gobierno serio es reconocer sus fallas y enmendarlas. Las críticas que reciben sobre esta materia son una forma de cooperación internacional que libremente decidieron aceptar cuando suscribieron los instrumentos de derechos humanos. Sin embargo, aún los hay que aducen que tales críticas son violaciones de su soberanía o intervenciones en sus asuntos internos.
Los gobiernos que atacan a los sistemas de derechos humanos son generalmente los que practican el abuso y la arbitrariedad.
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