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Miguel García, ex presidente de la Federación Pública de Servidores, expreso que la 'Corte Constitucional no cedió a las presiones del Ejecutivo pero se lavó las manos' al decir que no era competente para resolver la demanda de inconstitucionalidad del artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, presentada por los trabajadores públicos el 5 de agosto de 2011.

García, en una entrevista mantenida en Ecuavisa, informó que hasta el momento, con el Decreto Ejecutivo 813, que permite el despido intempestivo, con indemnización, para de empleados públicos hay 16 400 personas que quedaron fuera de las distintas entidades gubernamentales. Este hecho, según señala es ilegal e inconstitucional porque viola uno de las principales garantías contempladas en la Carta Magna, como es el derecho al trabajo.

En este sentido Joaquín Viteri, abogado, en mayo del 2012, dijo que la medida es inconstitucional, porque la Ley Orgánica de Servicio Público no establece la compra de renuncias obligatorias. Pero el Gobierno sostiene que el artículo 47, literal k, de la norma, habla de la “compra de renuncias con indemnización”.

El ex Presidente de la Federación Pública de Servidores reconoció que hay empleados del sector público que no están acorde con los intereses de la ciudadanía. Añadió que por ello existía la necesidad de reestructurar y depurar a los funcionarios que “no eran buenos” para combatir a esa parte enquistada en el sector público.

Asimismo García recalcó que la Federación Pública de Servidores pasó por todas las instancias legales, con sus demandas, en el país. Añadió que pese a ello el  5 de abril, después de 20 meses de la solicitud que hicieran a la Corte Constitucional, esta  resuelve que no es el ente competente para resolver el caso. “Dicen que debe resolverse a través del Tribunal Contencioso Administrativo”, finalizó.

 

 

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