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Technotel Inc., empresa con sede en Miami, realiza desde 2007 inspecciones judiciales previo al inicio de demandas civiles en contra de 52 instituciones educativas y personas naturales del país, por el presunto uso sin licencia de su software Monica, creado en 2002 y que permite llevar la contabilidad básica de una empresa.

Entre las instituciones se hallan: 20 centros de capacitación, 26 colegios privados, un público, cuatro personas naturales e incluso una universidad de categoría E suspendida. Del total de procesos, 50 se desarrollan en Quito y dos en Guayaquil.

El software es sencillo de instalar en la computadora y tiene varias actualizaciones, por lo que su uso está extendido entre pequeños negocios y centros educativos que lo usan como herramienta para enseñar contabilidad.

La firma solicitó varias inspecciones judiciales para ver si los centros educativos contaban con licencia. El resultado hasta ahora es que en algunos casos no se contaba con la licencia y, en otros, se copiaron elementos esenciales del software.

Así, por ejemplo, la inspección realizada en un centro de capacitación de la capital halló que de 37 computadoras inspeccionadas, 23 tenían el software Monica en sus versiones 7, 8 y 8.5, sin contar con la licencia que avale su uso, según consta en una de las causas que reposa en el Juzgado Noveno de lo Civil de Pichincha.

Este Diario buscó la versión de cinco instituciones educativas y solo el rector de un colegio de Quito, bajo la condición de anonimato, relató el drama de pasar por una inspección judicial. “Fue todo por sorpresa. Subieron al aula de computación. Somos un colegio pequeño con 45 alumnos”.

Este colegio dispone de un centro de cómputo con cinco ordenadores y uno tenía una carpeta con el nombre del programa. “Entonces nos dijeron que habíamos cometido un delito, pero tras la inspección judicial, el perito determinó que al abrir la carpeta el programa no corría, por lo que no había delito”.

En el Ecuador el sistema de derecho de autor protege al software como una creación del ingenio, dice Santiago Cevallos, director nacional de Derechos de Autor del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Paralelo a la vía civil, Technotel Inc. solicitó al IEPI procesos administrativos en contra de 101 instituciones educativas y personas naturales desde 2007. De ellos, un 10% ha llegado a sanción hasta el año pasado con multas de hasta USD 1 840 que regía hasta octubre de 2011 (ver recuadro), dice Cevallos.

El funcionario explica que conoció del caso de un colegio que tenía instalado el software sin licencia en 20 computadoras. “Los abogados de la empresa les propusieron un acuerdo, pero de lo que sé la indemnización era muy alta, de unos USD 150 000”.

Cevallos dice que los acuerdos reparatorios son legales y que hay ciertos parámetros para establecer los montos de la indemnización (ver recuadro). “Las instituciones tendrán que decidir si optan por llegar a un acuerdo o seguir con los juicios ”.

Sobre el tema, Technotel Inc., a través de su Procuraduría legal, dijo que los acuerdos reparatorios firmados han sido de no más de USD 20 000, dependiendo del tiempo de uso o cantidad de computadoras. “Lo que se busca es que el uso del programa se formalice a través de la adquisición de la licencia”, comunicaron.

La Ley que compensa al autor

La primera es la vía civil, que busca obtener indemnización por daños y perjuicios (desde lucro cesante, pérdidas, beneficios del titular, etc.). En estos casos, la multa puede ir de tres a cinco veces al valor total del software. Por ejemplo, si el software cuesta USD 130 y se utilizó en 30 computadores sin licencia, la multa podría llegar a sumar unos USD 19 500 a favor del autor.

La segunda vía es la penal. Si se determina la existencia del delito, la sanción es de tres meses a tres años de prisión. Con una multa que puede ir de USD 1 314 a USD 13 144. La tercera vía es la administrativa y se ventila en el IEPI. De determinarse la existencia de violación de derechos, el IEPI puede multar al infractor con montos desde los USD 500 a los 100 000. Hasta el 13 de octubre del 2011 la multa máxima era de USD 1 840.