El muro de los artistas Luis Auz y Johnny Gavilanes es parte del Festival Flujos Urbanos. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO
Cuando el arte urbano sale de las calles para encasillarse entre folios legales, el panorama para artistas y comunidad cambia radicalmente.
Actualmente, tres medidas legales sancionan la práctica del grafiti en fachadas en Quito. Pese a la vigencia desde el 2010 de la Ordenanza 332, que contempla la pintada de fachadas como contravención de segunda clase, las preocupaciones han aumentado desde agosto pasado, con la vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal y su artículo 393.
Este penaliza con cárcel de uno a cinco días a quienes intervengan fachadas “con pinturas, gráficos, frases o cualquier otra manifestación, en lugares no autorizados”. Así, solo habría garantías para la práctica del arte urbano desde marcos institucionales o limitados; sea en festivales autorizados o con el permiso de los dueños de las paredes a intervenir. Esta última modalidad ha sido la opción imperante en el circuito del arte urbano en Quito.
El contexto actual, generado por las dudas frente al art. 393, ha derivado en reuniones entre colectivos y artistas del sector con la Secretaría de Inclusión Social del Municipio.
Asimismo, gestores culturales junto con colectivos y artistas urbanos han realizado encuentros independientes a los de la Secretaría. Según Margarita Carranco, a cargo de dicho ente municipal, su mayor inquietud es “la criminalización del arte urbano y los instrumentos legales que atentan los derechos” de los artistas de ese campo.
Tras las reuniones propuestas por la Secretaría, iniciadas el 4 de septiembre, se ha detectado que la Ordenanza Municipal 282, emitida el 2012, abre un horizonte complejo: se sanciona con una multa “equivalente al 30% de un salario básico unificado” a los propietarios que no presenten la autorización de grafitis en sus predios a su administración zonal. Asimismo, dicha ordenanza es la que señala qué fachadas son permitidas para su intervención artística.
Para Andrés Ramírez, realizador audiovisual y fotógrafo de grafitis hace más de 10 años, si no hay una modificación de la Ordenanza 282 “se va a herir gravemente al color de los muros en la ciudad”. Ya que las manifestaciones creativas más grandes “desarrolladas por más de 15 años” disminuirán, dice.
Ramírez, quien también es cercano a grupos y colectivos de hip hop y gestión cultural de música independiente, señala que si el art. 393 del COIP “es un poco exagerado”, lo lamentable es la restricción a pintar incluso si se obtiene la autorización de propietarios o barrios.
Luiggi Raffo, artista urbano e ilustrador, añade que la asignación de muros también puede generar “incomodidad en el proceso creativo”. Debido a cuestiones técnicas que se ejecutan al momento de concebir un trabajo artístico, sostiene Raffo. Él y otros nueve artistas participan en el Festival Flujos Urbanos, que se realiza en estos días, coordinado por Patricio Feijoo, técnico de Investigación y Patrimonio de la Fundación Museos de la Ciudad.
Justamente uno de los temas de Flujos Urbanos es ‘el derecho a la ciudad’, en contradicción con las ordenanzas ya señaladas. No obstante, Feijoo considera que proyectos como el festival “ofrecen otro tipo de plataformas para el desarrollo del arte urbano”.
En lo que es enfático Ramírez es en que el arte urbano continuará activo frente a cualquier panorama, sea legal o ilegal.
No olvide
Hasta finales de octubre se terminarán los 10 murales de Flujos Urbanos.
Del 13 al 19 de octubre será la 5ª edición de Detonarte.
En Flujos Urbanos ya fueron seleccionados 10 artistas. Para
Detonarte todavía están abiertas las inscripciones.
Las reuniones del Municipio se difunden por redes sociales y perfiles como Arte Urbano y Colectivo de la Calle, y los programas de radio Galpón Urbano (Radio Pichincha, martes de 21:00 a 22:00).