Un asalto se llevó a cabo en una sucursal de Banco Pichincha en el centro de Quito, la mañana del 29 de agosto de 2014. Foto: EL COMERCIO
De los USD 100 000 por ahora no hay rastro. Tampoco de los seis sospechosos que robaron ese dinero de una sucursal del Banco Pichincha del centro de Quito. Fue uno de los últimos asaltos perpetrados en una entidad financiera del país.
A estos hechos se sumó el ataque a los dos blindados de la misma empresa hace cuatro días, en la vía Quito-Lago Agrio. Nueve horas después, el banco difundió un comunicado. Decían estar preocupados por el “elevado número de asaltos” reportados en los últimos meses “y que causan gran alarma a los usuarios, quienes se sienten amenazados (…)”.
La Fiscalía lleva un registro de las denuncias de estos incidentes: 75 casos a escala nacional en los primeros siete meses de este año. Un promedio de 10 asaltos bancarios cada 30 días.
Pero las cifras dan cuenta que este tipo de delitos se redujeron si se lo compara con el mismo período del año pasado: 89 denuncias en total.
No obstante, en la Policía Judicial se asegura que son casos esporádicos. Y aclaran que tras los hechos delictivos se desarrollan investigaciones que llevan a desarticular a las organizaciones involucradas.
En esas tareas, los agentes han detectado que los grupos dedicados al crimen organizado intentan captar a gente ligada a los bancos para asegurar el éxito de sus operaciones.
Hace un mes, por ejemplo, Inteligencia arrestó a seis hombres como supuestos autores del robo de USD
500 000 de una agencia bancaria del norte de la capital.
Los asaltantes aprovecharon el partido Ecuador – Honduras que se disputaba por el Mundial de Fútbol para actuar. Sin utilizar las armas, abrieron la bóveda y se llevaron el dinero.
Esa peculiaridad llamó la atención de los uniformados.
Analizaron los videos de la sucursal e interrogaron a los empleados. Tras la indagación concluyeron que el guardia y el supervisor de seguridad del banco presuntamente colaboraron en el fugaz asalto.
En abril pasado, la Policía Judicial (PJ) allanó 24 casas en Manabí y Guayas. Confiscó fusiles de asalto, explosivos, armas ligeras y chalecos antibalas con logos de una empresa de seguridad privada.
Otro antecedente: junio del 2013. Cuatro de los ocho arrestados por el robo de USD 150 000 en un banco guayaquileño fueron empleados y exfuncionarios de la entidad.
En ese caso se detectó que estos aparentemente comunicaban los manejos internos del banco a la organización.
¿Cómo evitar que los grupos capten a personal ligado a sucursales financieras? Ramiro Ortega, jefe de la PJ de Quito, considera que se deben mejorar los protocolos de seguridad tanto a nivel de las agencias bancarias como de las compañías de seguridad privada.
La vulnerabilidad de los protocolos se ha visto en dos hechos concretos registrados este mes. El primero en Guayaquil. Un armado ingresó a una agencia del centro de la urbe porteña, amenazó a un depositante y le robó USD 87 968.
Hace una semana, en Quevedo (Los Ríos), un sospechoso sustrajo los USD 14 000 que una mujer iba a depositar. No hubo amenazas. El asaltante fingió ser empleado del banco y le pidió a la víctima subir al segundo piso para ayudarla con el depósito. Ella entregó el dinero y el hombre desapareció.
Tras el ataque a los blindados en la vía Quito-Lago Agrio, el ministro del Interior, José Serrano, cuestionó el traslado de los USD 3,7 millones. Y advirtió que hubo “negligencia e irresponsabilidad” en esa operación, pues no se comunicó a Policía de esos hechos.
Una reacción inmediata se anunció tras el evento delictivo del miércoles: la conexión del sistema GPS de los blindados con el de la Policía Nacional.
Para ello se deberá modificar la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Los últimos cambios datan del 2011. Ese año, la Junta Bancaria reformó ese cuerpo legal ante la necesidad de “establecer medidas de seguridad mínimas” debido al “incremento y aparición de nuevas modalidades delictivas que se cometen” contra las entidades financieras.
Esas medidas en la ley vigente, entre otras cosas, incluyen los procedimientos de seguridad física. Además, la logística y sistemas de comunicación.
En contexto
Datos de la Fiscalía General del Estado y de la Red Latinoamericana de Seguridad y Delincuencia Organizada (Relasedor) señalan que entre el 2007 y los primeros siete meses del 2014 se reportaron 377 asaltos a entidades bancarias que operan a escala nacional.