Las autoridades realizan sobrevuelos por la provincia para focalizar los sitios donde ocurren los derrumbes, en la vía Alóag- Santo Domingo. Foto: Cortesía/ Municipio de Santo Domingo.
La resolución SGR 028-2015 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) dispone la declaratoria de alerta naranja para Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, debido a los estragos causados por el invierno. Los principales problemas que llevaron a tomar esta resolución, que se hizo pública el jueves 26 de marzo del 2015, son los inconvenientes que ocurren en la vía Alóag- Santo Domingo y las poblaciones colindantes.
Según el sustento técnico, las formaciones y sedimentos volcánicos de la zona se encuentran fracturados por fallas geológicas cuaternarias, lo que sumado a las intensas lluvias causan movimientos de masas recurrentes. Cien de estos eventos se han producido con mayor frecuencia en los kilómetros 83, 75, 65, 43, 34, 35, 28, 25, y 22 desde el pasado 22 de marzo del 2015.
Debido a estos eventos, la SNGR elevó a zona de riesgo desde el sector La Palma hasta la villa Aidita que cubren una superficie de 185 kilómetros cuadrados en la vía Alóag- Santo Domingo. Cerca de estas zonas hay 27 poblados habitados por 8 656 habitantes. Según la SNGR, el antecedente de estas zonas fue la situación emergente que en marzo del 2014 soportó el recinto Unión del Toachi, de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ahí se detectó una falla geológica con la que se dijo que en cualquier momento podría entrar en actividad y afectar a la población con un derrumbe. Mariana Pihuave, subsecretaria de Preparación de la SNGR explicó que la alerta naranja supone que la gente debe estar preparada para un impacto mayor a los que han acontecido. Pidió además que a los habitantes de la parroquia Alluriquín y de los recintos aledaños cumplan con los pedidos de evacuación que se han sugerido para precautelar su integridad.
En estas tareas apoyan los miembros de las Fuerzas Armadas quienes disponen de camiones para trasladar a las personas y sus pertenencias. Desde el jueves último se han evacuado a 69 nuevas familias que se suman a las 281 que salieron desde la semana pasada. Pero aún existe cierta resistencia de las familias que dicen que no quieren abandonar sus viviendas por temor a que sus viviendas sean robadas.
Según la gobernadora, Doris Merino, se dispuso que 100 militares y policías resguarden la parroquia y si es necesario se ampliará el número de agentes. Una de las recomendaciones expuestas en el artículo 3 de la resolución, que dio lugar a la alerta naranja, es precisamente prohibir los asentamientos humanos en Alluriquín. Pihuave señaló que la declaratoria no tiene una vigencia determinada, pues da el tiempo suficiente para tomar decisiones inmediatas.
El alcalde de Santo Domingo, Víctor Manuel Quirola, anunció que se está trabajando con su equipo jurídico para elaborar un proyecto de ordenanza para que no se den nuevos asentamientos en Alluriquín. Habló de la necesidad de dialogar con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para la construcción de soluciones habitacionales en un sitio seguro. El censo que ejecuta la Prefectura servirá como sustento para tener un número exacto de las familias que serían consideradas en el proyecto inmobiliario.