Padres de familia protestan en las afueras del colegio por la suspensión de estudiantes. Foto: Eduardo Teran/ El Comercio
Isabel Alarcón. Redactora (I)
ialarcon@elcomercio.com
La subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, Francisca Herdoíza, en una rueda de prensa llevada a cabo en la Rectoría del Colegio Mejía, definió como “un malentendido” la renuncia del rector de dicha institución, Jaime Torres.
Herdoíza explicó que no se aceptó la dimisión presentada por la autoridad del colegio el martes (11 de noviembre) por la tarde, ya que “confían en labor de quienes están a cargo de la unidad educativa”. Además, ratificó en su cargo también a Martín Angulo, vicerrector, y a Óscar Caizaluisa, inspector general del plantel.
Torres debía entregar estos días el informe disciplinario de los 68 estudiantes que participaron en las protestas del 18 de septiembre pasado.
Las presiones recibidas por parte del Ministerio de Educación para que entregue rápido este documento fueron la motivación para presentar su renuncia, afirmó Torres.
Algunos de los padres de familia y representantes de los estudiantes no acuden a las audiencias por lo que ha sido necesario reprogramar la fecha y, por esto, las autoridades del colegio no han podido presentar todos los informes.
El distrito “presionaba con mucho énfasis”, pero agilizar este proceso no da la posibilidad de defensa a los estudiantes y de seguir un debido procedimiento, explicó el Rector.
La Subsecretaría admitió que su institución ha ejercido presión sobre las autoridades del plantel para la entrega de los expedientes de los jóvenes que están bajo investigación. Allí se definirá si los muchachos pueden o no continuar en el colegio.
Además, explicó que las máximas autoridades de los establecimientos son quienes han iniciado los procesos disciplinarios contra los estudiantes a los que no se los debe confundir con los procedimientos penales.
En el caso del Colegio Mejía, el Rector dispuso la suspensión de los estudiantes amparado en el artículo 134, último inciso de la Ley de Educación, que define que los jóvenes pueden ser suspendidos mientras se desarrolla el proceso investigativo.
Cumplidas las fases que establece el cuerpo ministerial de audiencias y presentación de alegatos y documentos, el rector del establecimiento debe presentar al distrito un informe con conclusiones y recomendaciones. Ese informe, explicó Herdoíza, es el que está pidiendo que el colegio ya remita para poder resolver.
Es decir, quien tiene la potestad legal para emitir las acciones educativas disciplinarias no es el Rector, es el Distrito el que -a través de la Junta Distrital de Resolución de Conflicto– emite la correspondiente acción disciplinaria.
Torres, por su parte, se comprometió a emitir a la brevedad posible estos documentos, una vez que sean reprogramadas las audiencias faltantes, para que se pueda disponer una resolución sobre este caso.
También afirmó que se están tomando las medidas pertinentes para evitar el impacto que esta situación puede generar en los jóvenes.