Integrantes de la Conaie están en vigilia permanente para defender su sede. Foto: Archivo.
Las organizaciones sociales toman sus precauciones. Ha pasado un año del cierre de Pachamama, en el que se adujo que sus miembros participaron en actividades políticas y, mientras tanto, las otras agrupaciones de la sociedad civil tratan de protegerse de que no les suceda lo mismo.
Pero las preocupaciones no cesan, sobre todo porque el presidente Rafael Correa mencionó que las organizaciones sociales no pueden inmiscuirse en la política.
Se cumplió un año del cierre de Pachamama y los motivos que derivaron en su disolución se mencionan nuevamente ahora, frente a la terminación del comodato de la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que quedó en suspenso por el recurso de reposición presentado. Sin embargo, trascendió que con la llegada del Primer Mandatario se tomarán decisiones sobre ese comodato.
Las críticas del Gobierno se centran en la participación que las organizaciones sociales pueden tener en la política. Se busca, en palabras del propio Mandatario, que ese tipo de actividades estén relacionadas exclusivamente con los partidos y movimientos políticos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y no con la sociedad civil.
Pero por esa razón, algunas organizaciones sociales, sujetas al Decreto 16, han optado por protegerse y tratar de separarse en lo posible de la política. Myriam Manobanda, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, señala que los dirigentes barriales que forman parte de esa organización prefirieron no candidatizarse para ningún cargo en las pasadas elecciones seccionales, a pesar de que tradicionalmente han acostumbrado hacerlo.
“Se está limitando el derecho a ser elegido, porque todas las personas hacemos política. Desde las bases salen los representantes populares y en el caso barrial es gente que conoce de cerca la realidad de la ciudad y que ahora no puede presentarse a las elecciones”, señala.
Si bien Pachamama ha sido la única organización social a la que se le ha aplicado el Decreto 16, hay temor entre las demás. Por ello, 15 agrupaciones se declararon en desobediencia civil en contra de la normativa, que crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales. Y eso es algo que la Ecuarunari, organización de indígenas de la Sierra, no acepta.
Aunque se declaró en resistencia, está inscrita en este sistema.
Sin embargo, ¿es posible separar la política de las organizaciones sociales? En el caso del movimiento indígena, es claro que desde su surgimiento en los años 80 tiene una tendencia política que no se puede negar, que luego se plasmó electoralmente en el partido Pachakutik.
Por ello, el exdiputado Diego Ordóñez considera que el Gobierno busca el control absoluto de las agendas que maneja la sociedad civil. “Las organizaciones no gubernamentales realizan acciones que no son ni partidistas ni electorales, pero que al fin de cuentas son una actividad política. La pretensión del Gobierno es que todo aquello en que incursionan tenga que hacerse bajo el control del Estado y esto es lo que caracteriza a los gobiernos totalitarios”.
De lado de la Secretaría de la Gestión de la Política, encargada de la aplicación del Decreto 16, se desestiman todas estas críticas.
Andrés Granda, subsecretario de Participación de Actores Sociales, dijo que todas las dudas e incertidumbre que la normativa pudiera traer se han solucionado en talleres y diálogos.
“Aun así, hay algunas que no quieren estar bajo el Decreto 16 e incluso han presentado una demanda en la Corte Constitucional. Nuestra postura ahí es de respeto cuando haya un fallo”.
La causa, que agrupa tres demandas, está en esa instancia más de un año a la espera de que se fije una fecha para la audiencia. Hasta el momento, solo ha sido admitida a trámite pero aún no se sortea el juez que la conocerá.
