Agresión a la naturaleza
El Distrito Metropolitano de Quito ha sido víctima de una agresión desmedida antropocéntrica por la incineración y quema a cielo abierto de basuras y residuos produciendo contaminación ambiental que afecta a la vida humana, erosionando el suelo que pone en riesgo las fuentes de agua y de alimentación indispensables para la vida.
La naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, a su restauración en casos de impacto ambiental grave, y, es deber y responsabilidad de los ciudadanos “Respetar los derechos de la naturaleza y preservar un ambiente sano sustentable y ecológicamente equilibrado que permita a las personas al acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo”.
El artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), califica como infracción penal toda conducta típica, antijurídica y culpable, por lo tanto, corresponde a la fiscalía a través de la Unidad de Investigación de los Delitos contra el Medio Ambiente y la Naturaleza investigar lo sucedido.
Las diferencias y campañas políticas bajo ningún motivo deberán trascender a injuriar a las personas y/o la naturaleza con fines protervos, perversos, que ocasionan daños irreparables a la vegetación, bosques y entornos de vida.
Carlos Eduardo Bustamante Salvador
¿Por qué los ecuatorianos hemos perdido la confianza?
Los ecuatorianos, de a poco, hemos ido perdiendo la confianza, tanto en políticos como en profesionales. En los políticos, por su descaro al actuar, por su desapego a las necesidades del pueblo, por su escasa preparación, por su reiterado interés en beneficiar a grupos de personas o a una sola persona, aunque hayan delinquido según el sistema de justicia. Políticos que dedican tiempo a declarar los días del bizcocho, de los gamer, en vez de dictar leyes que favorezcan al pueblo ecuatoriano.
Se ve asambleístas que bailan en el recinto legislativo, sin ningún respeto a la dignidad del parlamento, u, otros que hacen alarde de sus escasos conocimientos, tanto legislativos, como de cultura general.
En los profesionales por sus actos de mediocridad evidentes: abogados que plantean absurdos, por ejemplo, denunciar al presidente ante el Tribunal Contenciosos Electoral pidiendo la destitución, cuando esta no es la instancia para sentenciar esa destitución: ¿fue la demandante o sus abogados? O fueron ambos (la vicepresidenta es abogada también, según entiendo).
También se ve lo ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral, donde los abogados que lo conforman ignoran (¿a propósito?) las leyes que los rigen (este afirmado por varios otros abogados).
O los jueces que retuercen sus sentencias en búsqueda de acomodos que los beneficien, o, en agradecimiento a favores recibidos, o, lo que es más penoso, a cambio de dádivas económicas.
O, una asociación de magistrados y jueces que saltan a defender a jueces a los que se hace allanamientos, mientras silencian ante evidencias de corrupción en varios jueces involucrados en delitos, debidamente comprobados en procesos judiciales. Una asociación de cualquier tipo debe ser imparcial para que inspire respeto, y debe ser objetiva para que cumpla con deber. Una Asociación, o grupo, o cuerpo, y peor aún una organización política, que actúe solamente bajo un espíritu de cuerpo, sin mostrar objetividad, es más dañina que cualquier delincuente común.
Las leyes ecuatorianas, empezando por la Constitución, gestadas en el período de gobierno de un grupo político, deben ser reformadas, pues se ha puesto en evidencia su absoluta falencia al momento de condenar a delincuentes (¿O se las hizo así a propósito?), y llena de resquicios donde recurren delincuentes de toda índole, mediante abogados que desconocen la relación entre Ley y Justicia, o que desprecian, de manera flagrante, a la justicia, amparándose en esos resquicios, dejados allí por ignorancia o por sabiduría retorcida.
He venido sosteniendo desde hace mucho que a los profesionales a los que se les confirme sentencias o que sean pillados en delito flagrante, las universidades que les otorgaron los títulos, se los deben retirar los títulos de por vida, para que no sigan haciendo daño a la sociedad.
José M. Jalil Haas
