El próximo presidente de Ecuador, quien asumirá el cargo en 2025, enfrentará una de las crisis más complejas: la reforma del sistema de seguridad social.
La situación actual del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es insostenible y no puede seguir siendo postergada.
El nuevo mandatario no solo deberá reformar el fondo de pensiones. También enfrentará una serie de desafíos estructurales que condicionarán el bienestar de los ecuatorianos en las próximas décadas.
El panorama del IESS es alarmante. De 20 mil millones de dólares que administra el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), apenas cinco mil millones son del fondo de pensiones. Esta cifra está muy por debajo de lo necesario para asegurar las pensiones de los jubilados actuales y futuros.
Además, la dependencia del sistema en el 40% de aportes del Estado es preocupante. Especialmente porque estos fondos dependen de los ingresos petroleros, los cuales han mostrado una tendencia decreciente.
La crisis eléctrica y el arrastre de un déficit fiscal superior a cinco mil millones de dólares añaden más presión. Sobre todo ahora que el sistema parece estar al borde del colapso.
El nuevo gobierno tendrá que lidiar con la titánica tarea de garantizar el pago de pensiones y décimos a jubilados y pensionistas. Esta tarea cada vez se vuelve más cuesta arriba.
Las proyecciones poblacionales indican que Ecuador entrará en una fase de envejecimiento. Este fenómeno está acompañado de una mayor esperanza de vida y un aumento en la demanda de jubilaciones. Sin contar que el sistema actual permite la jubilación con apenas 10 años de aportes y 75 años de edad. Esto no es sostenible.
La solución no puede ser simplemente atraer más afiliados jóvenes, ya que esto no resolverá las deficiencias estructurales del sistema.
El próximo presidente deberá revertir la imagen deteriorada del IESS, que ha sido marcada por la ineficiencia y la corrupción.
Además, deberá fomentar un cambio cultural sobre el papel de los adultos mayores en el país. En otros sitios se incentiva a los jubilados a mantenerse productivos, aprovechando su experiencia y conocimientos. En Ecuador es imperioso que se combata la falsa creencia de que un mayor de 50 años ya no es útil en el mercado laboral.
Una reforma a la seguridad social debe considerar también el aumento de la demanda de atención médica especializada que los adultos mayores requieren. Las enfermedades crónicas, cirugías, hospitalizaciones y medicamentos de última generación son necesidades crecientes que el sistema actual no está preparado para enfrentar.
No es posible que el debate siga girando solo en torno al aumento de la edad de jubilación y de los aportes. El futuro presidente debe evitar caer en las repetitivas “mesas de diálogo”, que simplemente postergan la toma de decisiones.
Ya existen estudios actuariales, comparaciones internacionales y suficientes insumos para que el mandatario llegue con una reforma técnica y sólida. El objetivo es dar viabilidad al sistema de seguridad social.
Lo que está en juego es el futuro de millones de ecuatorianos, y el nuevo gobierno debe asumir esta responsabilidad con firmeza.
Las decisiones que se tomen ahora definirán la estabilidad del sistema en las próximas décadas y, en última instancia, el bienestar de una población que envejece y que espera que sus derechos sean garantizados.
