Construcción del metro de Quito. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO
La diferencia del costo referencial del Metro, con relación a las ofertas presentadas para la fase dos (túnel y paradas), tendría tres posibles salidas: la venta de bienes y acciones municipales, renegociar los costos del proyecto y pedir un nuevo aporte al Gobierno Nacional.
El precio establecido por la administración municipal anterior, para implementar este sistema de transporte, ascendía a USD 1 500 millones. Pero los cuatro consorcios calificados para construir un túnel subterráneo de 22 kilómetros y 15 paradas plantearon precios que oscilan entre USD 1 587 millones y 1 949 millones.
Con este panorama para construir el Metro se requerirían al menos de USD 2 005 millones, según informó Mauricio Anderson, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. Para cubrir alrededor de USD 500 millones de diferencia, tomando en cuenta la oferta más baja de la fase dos, la actual administración tiene una propuesta.
La alternativa planteada por Mauricio Rodas, alcalde de Quito, no representaría cargas financieras para la ciudad. El documento fue presentado al Gobierno Nacional para buscar una solución.
Para hoy, 1 de diciembre, está previsto que Rodas y el presidente Rafael Correa aborden este tema, según informó el concejal Antonio Ricaurte (SUMA-Vive). El encuentro se daría en Carondelet, a las 11:00.
Entre las posibilidades que se barajarían para construir el Metro, Ricaurte contempla recaudar USD 250 millones, por vender bienes y acciones de empresas donde tiene participación el Municipio.
El resto, USD 125 millones, se lograría negociando con la empresa a la que se adjudique la construcción del túnel y paradas. Finalmente, los otros 125 millones serían un aporte adicional del Gobierno.
Los bienes y acciones a los que alude Ricaurte fueron identificados por Jorge Albán, concejal de Alianza País. Él sostiene que para desarrollar esta obra, el Cabildo tendría varias opciones: vender las acciones de la Empresa Eléctrica Quito al Gobierno, negociar con el sector privado la adquisición de la Empresa Metropolitana de Rastro, poner a la venta las acciones que tiene el Municipio en la Pasteurizadora Quito. Y comercializar el terreno donde funciona la Estación de El Trole, en La Y.
Otras de las opciones, según Albán, son la titularización de ingresos futuros del aeropuerto Mariscal Sucre y del Metro de Quito, la incorporación de proyectos complementarios cerca de paradas estratégicas del Metro (parqueaderos o negocios), la revalorización y cobro eficiente de los tributos.
En la parte técnica se podría también hacer reconsideraciones. Édgar Jácome, exgerente de la Empresa Metro de Quito, explica que en el proceso contractual con la empresa oferente, que gane la adjudicación de la fase dos, se puede negociar.
En este aspecto habría la posibilidad de asignar la construcción de las subestaciones eléctricas que requeriría el Metro y el mecanismo de recaudo del sistema integrado a empresas municipales.
Para la primera opción, Jácome propone que la ejecución de estas instalaciones podría estar a cargo de la Empresa Eléctrica Quito. De lo otro se podría encargar la Empresa Metropolitana de Transporte. Con esto se ahorrarían unos USD 50 millones.
Con el Metro, la capacidad de endeudamiento del Cabildo llegaría al 180%, quedaría disponible un 20%.
Ante esto el concejal Sergio Garnica sugiere solicitar al Estado las utilidades que generarían las hidroeléctricas, la plusvalía por implementar el Metro, o incentivos por el buen manejo ambiental.
En contexto
La Comisión Técnica terminó de revisar las ofertas para la construcción de la fase dos del Metro. El 27 de noviembre el alcalde Rodas anunció que presentará al Gobierno una propuesta para financiar la diferencia del proyecto Metro de Quito.