Los planes de prevención para enfrentar el invierno fueron esporádicos en Azuay.
Pese a que las lluvias no fueron intensas y se registraron principalmente este mes, hubo afectaciones en los cantones Santa Isabel, Girón y en las parroquias cuencanas de Victoria del Portete y Tarqui.
Sulupali, ubicado en el cantón Santa Isabel, en el sur de Azuay, aún no se repone de los daños. Cuatro poblados están afectados por la destrucción parcial de dos puentes debido a la crecida del río Jubones.
Por estas estructuras cruzaban vehículos livianos y la creciente registrada hace una semana se llevó los accesos que conectan con las vías. Por ello, cuatro comunidades se quedaron incomunicadas.
Eso no hubiese ocurrido, dice el agricultor Ramón Estrada, de 67 años, si el puente grande de 90 metros de longitud estuviera habilitado. Hace tres años quedó parcialmente destruido y dejó de ser el nexo para transportar los cultivos.
Esta infraestructura fue construida hace 50 años y el nivel es alto con relación a las aguas del Jubones. En la actualidad, contados trozos de madera están en el entablado para que caminen los campesinos.
Cruzar por allí es un desafío, pero Katherin, de 9 años, lo usa a diario para ir a su escuela de Sulupali Grande, un poblado lleno de árboles frutales.
Varios niños de la comunidad de Sausari cumplen el mismo periplo, dice Ramón Estrada, de 67 años. La semana pasada, el Comité de Operaciones de Emergencia de Azuay dispuso la suspensión de su uso por el riesgo que representa.
Ramón indica que por años han solicitado a las autoridades su reconstrucción, pero no hay respuestas. El gobernador de Azuay, Humberto Cordero, lo calificó como el “puente de terror” y como presidente del COE dispuso el cierre de sus accesos para que nadie cruce.
Pero el viernes estuvo abierto y fue usado por los campesinos. Ese mismo día, el Gobierno Provincial de Azuay y el Municipio de Santa Isabel habilitaron otro acceso hacia las cuatro comunidades que estaban aisladas.
El alcalde de Santa Isabel, Rodrigo Quezada, cree que esta emergencia pudo evitarse. Según él, hace un año el dueño de una propiedad en el sector de Naranjos construyó una especie de represa para desviar el curso del río, aguas arriba y proteger su finca, “pero ninguna autoridad frenó esa acción, pese a las denuncias”.
El Municipio invertirá USD 25 000 en habilitar los dos puentes afectados y con el grande no hay cómo hacer nada, señala Quezada.
Galo Sánchez, director de la Secretaría de Gestión de Riesgos de Azuay, explica que el año anterior invirtieron USD 7,8 millones en 23 proyectos de mitigación y prevención en la provincia. “Los gastos van en función de los proyectos viables de los municipios”.
En Cuenca, por ejemplo, se apoyaron las obras de mitigación del barrio Jaime Roldós afectado por un deslizamiento y la destrucción de 20 viviendas. Pero los daños se presentaron en las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, en el sur de la ciudad.
El domingo 11 de mayo, el río Tarqui se desbordó y anegó más de 50 viviendas y 300 hectáreas de pastizales. Es una zona ganadera y hubo pérdidas de animales y enseres, de acuerdo con el ECU-911 Austro.
María Chacho, de la comunidad de Churugusho, está molesta por la falta de obras de prevención de la Junta Parroquial y del Municipio. Faltó limpiar sumideros y alcantarillas. El nivel del río bajó y aparecieron los plásticos y botellas que taponaron las alcantarillas.
Según el ganadero Lauro Guzmán, hace nueve años se encauzó el río, pero se dejó de lado la construcción de un puente más ancho en San Pedro de Escaleras para evitar el represamiento, que ocurrió en la última inundación.
Sánchez dice que el problema también se debe al cambio de uso de suelos que pasó de pastizales a terrenos agrícolas o para la construcción.