El juez neoyorquino Thomas Griesa rechazó hoy, martes 22 de julio de 2014, desbloquear los pagos a los tenedores de deuda argentina reestructurada antes del 30 de julio e instó al Gobierno de ese país y a los fondos de inversión demandantes a seguir negociando para no caer en un cese de pagos que “todavía puede evitarse”.
“La medida cautelar no es algo necesario para la negociación del acuerdo”, dijo Griesa al rechazar una petición argentina para desbloquear los pagos.
El juez aseguró que “si no se llega a un acuerdo se producirá el default (cese de pagos) y eso es lo peor que puede pasar, porque hiere a gente real”.
Argentina, que en 2001 cayó en un “default” que fue resuelto en parte mediante a dos canjes de deuda, en 2005 y 2010, que fueron aceptados por más del 90 % de los acreedores pese a suponer grandes descuentos, puede verse de nuevo en esa situación si antes del 30 de julio no llega a un acuerdo con los fondos de inversión que poseen deuda no reestructurada y le reclaman USD 1 500 millones.
Ese día vence el plazo de gracia de 30 días que tiene Argentina para pagar a los bonistas de deuda reestructurada.
En la vista convocada para hoy por Griesa, que ha designado como mediador en este litigio al especialista Daniel Pollack, uno de los abogados de Argentina, Jonathan Blackman, reiteró la necesidad de la medida cautelar y expuso las “limitaciones” que tienen sus representados en la negociación y en el cumplimiento de la condición “pari passu” (pago simultáneo a los bonistas con deuda canjeada y a los de deuda no canjeada), impuesta por el juez neoyorquino.
Estas limitaciones son, por un lado, la cláusula RUFO (derecho sobre futuras ofertas en sus siglas en inglés), que dicta que si se paga a algún bonista la deuda sin reestructurar antes del 31 de diciembre de 2014, todos los bonistas que se acogieron a la reestructuración pueden demandar legítimamente el cobro de la totalidad de la deuda adquirida antes del default.
Por otro, Blackman aseguró que, a pesar de la urgencia de las negociaciones y de que mañana se ha convocado una nueva reunión con el mediador, “Argentina es un estado y como tal no puede firmar un contrato”.
“Tiene que consultar las decisiones que toma, que no son solo económicas, sino que tienen que ser constitucionales y legales en el país”, agregó.
Griesa, una vez escuchadas las observaciones de Blackman, aseguró que si bien el caso se encuentra en “un momento crucial”, “todos esos problemas son susceptibles de ser incluidos en el acuerdo, que no será de un párrafo, sino que será proporcional a la complejidad de los asuntos que trata”.
El magistrado rechazó el “stay” o medida cautelar porque “va en contra de los derechos de los demandantes”, de los que reconoció su derecho a recibir su dinero, a la vez que hizo un llamamiento al país suramericano a que “reconozca sus obligaciones” y entienda que “una sentencia es una sentencia”.
“La República Argentina ha actuado como si las sentencias no tuvieran nada que ver con ella”, dijo Griesa.
El abogado de NML Robert Cohen, uno de los principales representantes de los llamados “fondos buitres”, no habló hoy, aunque en la sala estaba presente Jay Newman, uno de los directivos del fondo Elliot Management, quien se limitó a asegurar que a lo largo del día emitirán un comunicado.
A pesar de que éstos fueron los temas que centraron la sesión, la audiencia de hoy estaba convocada para una serie de “aclaraciones” planteadas por bancos encargados de girar los pagos de la deuda de Argentina con el fin de que el juez definiera qué hacer con el dinero que recibieron en pasado junio por parte del país suramericano y que está retenido.
El juez Griesa, que recomendó a los bancos bloquear ese pago o devolverlo a Argentina, escuchó los argumentos de los abogados de diferentes entidades, como Citibank Argentina, Citibank o Euroclear, que pusieron en duda que un pago de Argentina a un país sujeto a una ley distinta a la estadounidense pueda ser bloqueado por un juez de Nueva York, algo que sí afecta a Bank of New York Mellon (en cuya cuenta Argentina depositó 539 millones de dólares).
“Si es la República Argentina la que está haciendo el pago, está bajo mi jurisdicción”, respondió Griesa y se reservó la decisión al respecto, a pesar de que algunas entidades podrían incumplir las leyes de países como Japón, Reino Unido o la misma Argentina si no efectúan el pago a los bonistas con deudas reestructuradas.