Parece que el tiempo, el mal gobierno de Lenin Moreno y una intensa campaña de desinformación y propaganda, han borrado de la memoria -de muchas personas- la forma en que Rafael Correa acumuló el poder durante sus diez años de gobierno; lo que abrió la puerta al autoritarismo, la perdida de transparencia y, como dejó en claro el caso Odebrecht, graves casos de corrupción.
Para encarar esto se convocó a la consulta popular de febrero del 2018 que tenía dos objetivos fundamentales: eliminar la reelección indefinida; evaluar y, eventualmente, reemplazar a varios funcionarios de distintas instancias estatales que habían sido designados por su cercanía al poder y por su compromiso con el “proyecto” (además, se preguntó sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales).
El sí alcanzó, en promedio, un 68,47 %; 7 de cada 10 votantes expresaron su acuerdo con lo consultado. A partir de eso, sin cambios estructurales, se dio un proceso que implicó el reemplazo de jueces constitucionales, vocales del Consejo de la Judicatura, Fiscal General, Defensor del Pueblo, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, superintendentes de bancos, compañías y ordenamiento territorial.
No es posible negar que cometieron errores en ese proceso; algunas decisiones del Consejo transitorio han sido cuestionadas y varias designaciones criticadas; sin embargo, los nombrados no responden a la lógica de los que reemplazaron, no son parte de un “proyecto” o partido; tan es así que la semana pasada la Comisión que preparó el informe de lo sucedido en octubre del 2019, actuando al amparo del Defensor del Pueblo nombrado por ese Consejo, realizó una fuerte atribución de responsabilidad al gobierno, por la represión en el marco de la movilización nacional.
Hace unos días, en dos tuits Rafael Correa amenazaba de forma implícita a quienes participaron en un video de promoción de dicha consulta popular; previamente había grabado un mensaje que en su parte sustancial decía: “pagarán su culpa los traidores: Teleamazonas, Ecuavisa, El COMERCIO, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales, y todo el espectro político…”. Estos mensajes despejaron cualquier duda, el paso del tiempo no ha modificado su forma de ver a quienes no piensan igual: son sus enemigos; oponerse a sus ideas es una falta, una falta que los coloca en la mira del poder, si es que lo tiene de vuelta.
Andrés Arauz, su candidato, se apuró -de cierta forma- a desmarcarse de estos mensajes, lo hizo afirmando que el “odio ya no estaba de moda”. Me gustaría creerle, imaginar un compromiso con una forma distinta de hacer política, en la que estar desacuerdo no sea razón para ser perseguido, infamado desde el poder y que, de ganar, trabajará por los derechos, la democracia y la independencia de las instituciones; pero tengo pocas esperanzas, su silencio previo parece indicar que de triunfar viviremos una suerte de ajuste de cuentas .