La Fiscalía General del Estado solicitó la pena máxima para los expolicías procesados por la desaparición forzada de los ciudadanos Johnny G., César M. y Erwin V., cerca de una farmacia, ubicada en la Alborada, en Guayaquil, en noviembre de 2003.
En el caso, que lleva más de veinte años sin resolución, la Fiscalía General del Estado señaló que, a través de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas, se demostró que el delito fue perpetrado por un grupo de expolicías dirigido por el exmayor de Policía, Eduardo G., y conformada por varios miembros de la Policía Nacional en servicio activo y uno en servicio pasivo, quien actuó con la aquiescencia de todas las autoridades involucradas en este hecho.
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A través de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicito al Tribunal de la Corte Nacional que conoce la causa que declare la culpabilidad de los procesados Erick S., Mario C., Aurelio Ch. y Marcos V., como autores directos del delito de desaparición forzada.
Este delito es tipificado en el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con los artículos 188 y 189 del Código Penal (vigente a la fecha de los hechos), y se les imponga la pena máxima prevista en el tipo penal.
Entre las conclusiones, se señala que el caso cumple con los elementos que configuran la desaparición forzada, previstos en la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso “Rodríguez Vera y otros”.
La Fiscalía hace esta solicitud a la Corte Nacional de Justicia en el tercer día de audiencia.